Las pruebas de ADN realizadas a nueve militares del acuartelamiento de Bobadilla por la agresión sexual denunciada por una soldado han resultado negativas, según su abogado, Javier Rincón, que explicó que las pruebas realizadas a los militares no coinciden con los restos de semen hallados en las medias de la víctima, que denunció haber sufrido una agresión sexual después de haber sido drogada supuestamente en un bar en el que celebraba una fiesta junto a sus compañeros.

El abogado cree que este resultado genético demuestra que "alguien de fuera entró en el cuartel". "El dato objetivo es que alguien entró al cuartel y depositado material genético en el panti contra la voluntad de mi clienta", sostuvo. La soldado está "muy afligida" por este resultado de ADN, según reveló el abogado, que cree que "se podría hacer más y mejor de lo que se está haciendo" por esclarecer el suceso.

El letrado, en declaraciones a Antena 3, afirmó que la agresión sexual tuvo que tener lugar dentro del acuartelamiento, ya que hay compañeros que la vieron salir del bar y uno de ellos la acompañó a la instalación militar, la ayudó a cambiarse y la metió en la cama. "Hasta que ella tiene memoria no recuerda ningún episodio sexual", enfatizó.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 1 de Antequera ha acordado inhibirse a favor de uno togado militar en el caso de la soldado, que hizo una primera denuncia ante la Policía Nacional el 12 de diciembre de 2017 por unos hechos sucedidos dos días antes, en la que señalaba que habría sido drogada cuando estaba en un bar con compañeros.

Posteriormente, fue ampliando el escrito conforme pudo recordar más detalles, aludiendo en la última del 16 de enero a la presencia de dos hombres en la habitación. Además, en la ampliación realizada el 22 de diciembre habló de otra agresión sexual sufrida en septiembre.

Dicho juzgado citó el pasado 23 de febrero a la militar para declarar y en ese momento, según sus letrados, señaló "sin dudas a dos de sus compañeros y de manera contundente pero no con la certeza anterior a otros dos". Tras esto, el fiscal solicitó la declinatoria de jurisdicción y el juez lo ha acordado, mediante un auto dictado el pasado 10 de abril, que se puede recurrir, inhibiéndose en concreto a favor del Togado Militar número 24.

A raíz de las denuncias, actualmente también existen unas diligencias en el juzgado Togado Militar Territorial número 21, con sede en Sevilla, en el que en febrero pasado se realizó un careo entre dos soldados citados a declarar como testigos en el marco de la causa abierta por los hechos que tuvieron lugar en septiembre.