tribunales Un fallo judicial en el foco de atención

Una sentencia ejemplarizante

  • ¿Mano blanda? ¿Efecto llamada? ¿Montaje? ¿Escarmiento? La sentencia del caso Ballena Blanca vista desde el prisma de jueces, fiscales, policías y abogados

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La sentencia del caso Ballena Blanca es ejemplarizante. La unanimidad en torno al adjetivo es absoluta para jueces, fiscales, policías y abogados. La explicación de por qué, sin embargo, es opuesta. Para unos es ejemplar porque condena a seis años de prisión por blanqueo y delito fiscal a un abogado notorio de Marbella, Fernando del Valle, responsable de un gran bufete experto en asuntos mercantiles. "Demuestra que la Justicia también persigue los delitos de guante blanco. Una sentencia de estas características, que también implica la intervención de bienes y una multa elevada [2,5 millones de euros] seguro que hará reflexionar. Y, además, demuestra que no se criminaliza la abogacía, como se dijo en su momento, sino las conductas, porque es muy grave que un profesional se ocupe de dar salida a sumas de dinero obtenidas con el tráfico de drogas", explican fuentes judiciales.

"Será una llamada de atención para otros despachos porque, en contra de lo que se está diciendo, seis años de prisión no es precisamente una pena menor. Son muchos años de cárcel". Para otros, en cambio, la sentencia tendrá "efecto llamada". "No pasará desapercibida la mano blanda de España con el blanqueo de capitales". Es decir, que podrá tener capacidad para atraer inversiones vinculadas al crimen organizado, de acuerdo con la perspectiva de determinadas fuentes consultadas en el Ministerio Público.

Para los abogados, finalmente, también es "ejemplar" ver cómo aquel macroproceso que se "vendió" como el mayor contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea, que movilizó decenas de policías y cerca de medio centenar de detenidos y que después dio lugar a un macrojuicio que ha necesitado un año para que se celebre la vista oral y se dicte la sentencia finalmente ha quedado reducido a una condenas menores para cinco personas, "como las que cualquier día se pone en un juzgado de lo penal", y a la absolución de 14 personas. "La Ballena Blanca no se sostenía. Decíamos que el juez de instrucción se había dejado llevar por la Policía y ahora la sentencia lo confirma, pero mientras tanto este montaje ha producido mucho daño, se ha hecho sufrir a mucha gente".

La macrooperación contra el blanqueo de capitales conmocionó el país en marzo de 2005 con la detención de los letrados y personal del bufete DVA Abogados de Marbella, varios ciudadanos extranjeros y la intervención de numerosos bienes incluidas dos promociones inmobiliarias completas en Cádiz. Después, el procedimiento se desgajó en varias causas. Una de ellas quedó renqueante después de que la Audiencia archivara los delitos de blanqueo que se atribuían a un grupo de inversores de origen israelí supuestamente vinculados con la descapitalización de la petrolera rusa Yukos, mientras que otra, en la que se dilucidaba una operación inmobiliaria que costó la imputación del ex alcalde de Manilva Pedro Tirado, está pendiente de juicio. Sin embargo, la espina dorsal del procedimiento continuó en torno al sistema de sociedades participadas por corporaciones de Delaware que se constituían en el despacho de Fernando del Valle. El fiscal Anticorrupción valoró inicialmente en 12 millones de euros los fondos blanqueados en DVA mediante esta operativa, suma que después redujo a 11 millones. Pero la sentencia determina que este sistema no es expresivo de ningún tipo de actividad delictiva, por mucho que no se identificara a los titulares de los fondos, por lo que finalmente ha reducido los delitos de blanqueo a dos, uno por valor de 835.000 euros atribuido a Del Valle, el traficante Sophiane Hambli y María Dolores León, y otro, que asciende a 765.000 euros, imputado a la pareja finlandesa formada por Aimo y Leena Voutilainen.

El tribunal estima que no está probado que el director de DVA conociera que en 13 de las 14 conexiones que se le atribuían él supiera que se trataba de dinero producto del delito y que tampoco se ha documentado debidamente la relación de los inversores con actividades delictivas. Estas afirmaciones crispan a la Policía. "Los delitos de blanqueo son complejos, no hay pruebas materiales sino indicios porque nadie va a anotar en su contabilidad que este dinero procede de tal venta de drogas o de lo que sea. Hay que observar los indicios y así lo dice la jurisprudencia". Y, por otro lado, "si nosotros hacemos una consulta a Europol y la respuesta que obtenemos es que una determinada persona tiene una serie de procedimientos abiertos o los ha tenido, ¿qué hacemos, pedir que nos manden el sumario? Eso es imposible. El problema es que el tribunal no cree a la Policía".

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