Los gobernadores opositores al presidente de Bolivia, Evo Morales, suspendieron hoy "temporalmente" el diálogo con el Gobierno, al que acusaron de incumplir las bases del proceso de negociaciones con una "cacería" contra ciudadanos y líderes de sus regiones.

En nombre de los gobernadores autonomistas, el de Tarija, Mario Cossío, anunció la suspensión temporal del diálogo y exigió la intervención directa de Morales para salvar las negociaciones, que no dio por rotas. "Está en manos del presidente que continuemos o no" el diálogo, afirmó Cossío en la ciudad central de Cochabamba, escenario de las conversaciones que comenzaron el 18 de septiembre el Gobierno y la oposición autonomista con objeto de poner fin a la oleada de conflictos violentos vividos en el país.

El desencadenante de la decisión anunciada hoy por los gobernadores ha sido la detención de un ciudadano del departamento sureño de Tarija acusado por el Gobierno de participar en uno de los atentados contra gasoductos y refinerías cometidos durante las protestas opositoras en septiembre pasado. El gobernador tarijeño denunció que a lo largo de este proceso de diálogo los activistas de oposición han sufrido por parte del Gobierno "malos tratos, continuas agresiones, amenazas gubernamentales (...) y una permanente guerra psicológica y campañas mediáticas adversas", que, según dijo, han soportado con "estoicismo".

Pero los gobernadores consideran "inadmisible" que el Ministerio de Gobierno (Interior) ordenase el martes la detención de "un ciudadano común" en la localidad de Villamontes por participar en las protestas. Según Cossío, se practicaron cuatro detenciones, que calificó de "secuestros", si bien tres de esas personas fueron luego dejadas en libertad. Este hecho "constituye una violación de los derechos y garantías constitucionales, altera las reglas de la democracia y del Estado de Derecho y es una acción gubernamental de abierta violación al acuerdo inicial (...) que dio paso al proceso de diálogo", insistió el gobernador.

Cossio denunció "reiteradas provocaciones" por parte del Gobierno. "Cumplimos con nuestra parte pero no el Gobierno nacional, que intensificó bloqueos, cercó Santa Cruz y no paró la campaña mediática a favor de la nueva Constitución", añadió.

Según el líder opositor, en el entorno de Morales "existen sectores que están buscando que el diálogo nacional fracase, que quieren sustituir las mesas de trabajo por la violencia y que buscan evitar una salida pacífica a la crisis nacional".

Por ello, reclamaron la "palabra oficial" del presidente para que garantice el cumplimiento del acuerdo inicial que dio paso al diálogo y la restitución de las garantías constitucionales de los ciudadanos. Los gobernadores autonomistas de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija también pidieron la ayuda de las entidades internacionales que actúan como testigos del proceso para salvar las negociaciones.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en rueda de prensa en La Paz, dijo que la detención del ciudadano tarijeño José Vaca fue "un operativo policial en cumplimiento de una orden fiscal" en el que los agentes actuaron "con todo el respaldo legal que corresponde". Rada negó que trate de un "secuestro", y vinculó a Vaca con los asaltos que sufrieron instalaciones de hidrocarburo en Tarija. Según el ministro, la investigación del fiscal considera al detenido uno de los presuntos responsables de los actos de "terrorismo" con los que la oposición autonomista intentó un "golpe" de grupos cívicos y de gobernadores contra el Gobierno.