La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida este jueves en Cádiz, ha acordado una medida de apoyo para los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Barbate que consiste en la adscripción de la jueza sustituta María Eulalia Chanfreut.

El objetivo de esta medida pasa por reforzar la jurisdicción penal en esos órganos y agilizar el trámite de las macrocausas que en ellos se investigan, conforme al plan de actuación que establezca la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Así, se verá beneficiado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate, que instruye el caso por la muerte de dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha el pasado 9 de febrero en el recinto portuario de la localidad.

La medida de apoyo judicial ha sido dada a conocer por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, que ha mantenido un encuentro en Cádiz con diferentes jueces y magistrados, como el presidente de la Audiencia de Cádiz, Manuel Estrella, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, entre otros.

El refuerzo aprobado este jueves fue propuesto por la Sala de Gobierno del TSJA en febrero y ha recibido el informe favorable del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, que ha elaborado un estudio sobre la situación de los partidos judiciales de las provincias de Cádiz y Huelva más afectados por el narcotráfico.

Informe

Durante la reunión celebrada en la Audiencia Provincial de Cádiz, los vocales del CGPJ han expuesto las conclusiones del informe del Servicio de Inspección sobre la situación de los partidos judiciales de Barbate, La Línea y Sanlúcar, en Cádiz, y los de Ayamonte y Moguer, en Huelva, que son los más afectados por el fenómeno del narcotráfico. 

Según los datos recabados por la Inspección, la carga de trabajo global (civil y penal) supera en todos estos partidos los indicadores establecidos por el Poder Judicial, con la única excepción de Barbate en 2023, donde fue del 96,4%. La carga media global ha sido de un 139% en 2022 y de un 134,2% en 2023. 

Además, el rendimiento general para estos juzgados supera el indicador de dedicación en todos los partidos judiciales, siendo el rendimiento medio de un 174% en 2022 y de un 172,6% en 2023. 

Por otra parte, la pendencia en todos los órganos citados es elevada, ya que en materia civil la pendencia media es de 945,5 asuntos -superior a la media nacional, que es de 765,4- y en materia penal es de 774,4, duplicando la media nacional de 374,2. Según el informe, esto no es consecuencia de la falta de dedicación o del escaso rendimiento, vistas las cifras anteriores. También los tiempos de respuesta de los procedimientos penales son superiores a las medias regional y nacional. 

Para dar respuesta a estos problemas, el informe propone unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea y San Roque; crear un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Sanlúcar y Moguer; y adoptar medidas de refuerzo extraordinarias, como la aprobada este jueves para los Juzgados de Barbate, en los órganos judiciales de este partido y en los de La Línea, Sanlúcar, Ayamonte y Moguer.

En cuanto a la situación de las secciones de la Audiencia Provincial a las que corresponde el enjuiciamiento de los delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales, la Inspección advierte de la elevada carga de trabajo que soporta la Sección Séptima, con sede en Algeciras, que fue del 133% en 2022 y del 120% en 2023, y añade que, pese al elevado rendimiento de sus magistrados (116% en 2022 y 100% en 2023) no se logra absorber la entrada de asuntos, acumulando pendencia e incrementando el tiempo de respuesta.

Se propone por ello crear una nueva sección en la Audiencia Provincial de Cádiz, la número 9, con sede en Algeciras y especializada en el orden penal.

Complejidad de las causas

El informe señala que la complejidad de las causas por delitos de narcotráfico y de blanqueo de capitales se deriva tanto de las dificultades para su investigación como del elevado número de investigados y/o testigos.

Las primeras se refieren esencialmente al contenido de las diligencias acordadas judicialmente y su control posterior (intervenciones telefónicas, registros, incautación de efectos, medidas cautelares de carácter patrimonial, pruebas periciales contables, etc.). El elevado número de investigados es consecuencia de la presencia de organizaciones criminales con estructuras propias y la toma de declaración a estos ocupa un tiempo muy considerable en la práctica judicial diaria.

Para afrontar con celeridad estos procedimientos, concluye el Servicio de Inspección, se precisa de medios personales y materiales superiores a los actuales, pero también sería necesario un aumento de la coordinación de los titulares de los Juzgados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como poner solución a algunas de las deficiencias detectadas: necesidad de desplazamiento físico a Cádiz para realizar pruebas preconstituidas con menores (por falta de sala Gesell en algunos partidos judiciales), problemas para la designación de abogados de oficio, demoras en la emisión de informes psicosociales y del Instituto de Medicina Legal o de informes periciales sobre embarcaciones neumáticas dedicadas al narcotráfico y retrasos en el volcado de teléfonos móviles.

A ello se añaden medios materiales insuficientes: edificios antiguos y con dependencias inadecuadas, sistemas de gestión informáticos obsoletos, ausencia de impresoras...

Reformas legislativas

El informe señala que, a corto plazo, resultaría eficaz la modificación del artículo 65.1ºd) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo una regla competencial nueva en materia de delitos contra la salud pública cuando estos fueran de especial gravedad sin necesidad de que estos “produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas provincias”, de modo que los de mayor complejidad se atribuyeran a la Audiencia Nacional.

También contribuiría a la agilización de la tramitación de estos procedimientos la modificación de los artículos 216, 217, 221, 222 y 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la supresión del recurso de reforma y la concentración de recursos en el momento de concluir la instrucción, salvo los que afecten a la situación personal de los investigados o pruebas preconstruidas, introduciendo limitaciones para los recursos reiterativos con finalidad netamente dilatoria.

Por último, la implantación de los tribunales de instancia evitaría la rotación excesiva de titulares de los órganos -la mayoría de los Juzgados están gestionados por jueces de nuevo ingreso cuya permanencia en ellos no suele superar los dos años- y conseguir una distribución de trabajo más eficiente.