La Fiscalía pide cárcel para el ex alcalde Ojén por autorizar un vertedero que afectó a un arroyo

  • El Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral y que el ex alcalde sea juzgado y condenado por un delito contra el Medio Ambiente junto con el ex concejal Juan Antonio Sánchez acusado por los mismos hechos

El ex alcalde de Ojén Juan Pedro Gómez (PSOE) se enfrentará a una petición fiscal de seis meses de prisión por autorizar la existencia y explotación de un vertedero incontrolado de residuos sólidos urbanos que afectó el cauce de un arroyo contaminando sus aguas.

La fiscalía malagueña ha pedido la apertura de juicio oral y que el ex alcalde sea juzgado y condenado por un delito contra el Medio Ambiente junto con el ex concejal Juan Antonio Sánchez acusado por los mismos hechos, según la calificación fiscal.

En el escrito acusatorio se subraya que el ex alcalde y el ex edil, responsable de la concejalía de Medio Ambiente, permitieron a distintas empresas la explotación del vertedero sin autorización de la Junta de Andalucía, en una explanada situada en el Paraje de la Mina, entre los términos municipales de Marbella y Ojén.

Según los estudios pertinentes, se ha podido comprobar que en dicha explanada se han venido depositando todo tipo de materiales, residuos y enseres, que tienen la consideración de peligrosos, suponiendo un riesgo para la salud de las personas y de los ecosistemas y no admisibles en vertederos.

Además se destaca que el crecimiento del citado vertedero ha provocado la ocupación del cauce del Arroyo Segundo, contaminando las aguas con dichos residuos y por los lixiviados procedentes del vertedero.

Entre los residuos vertidos en la explanada se encuentran materiales de construcción que contienen amianto, extintores, baterías y acumuladores frigoríficos, productos tóxicos, bidones de aceite, envases con sustancias peligrosas y contaminantes, recipientes a presión vacíos, restos orgánicos, muebles y chatarras.

La Fiscalía malagueña ha solicitado además para el ex alcalde y el ex edil una multa de doce meses con cuota diaria de 15 euros, mientras que respecto a la responsabilidad civil pide el restablecimiento del espacio alterado a su estado natural anterior a los vertidos a costa de los acusados.

El Ministerio Público demanda además en sus conclusiones previas la clausura del citado vertedero con precinto para impedir el acceso al mismo.

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