Julián Muñoz y otra ex edil, condenados a un año cárcel por licencia ilegal

  • La sentencia ha sido dictada hoy por el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga y absuelve a los ex ediles de Marbella Mario Jiménez Notario, Rafael González Carrasco, Manuel Calle Arcal y Dolores Zurdo

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El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y la que fuera edil en esta ciudad María Luisa Alcalá han sido condenados a un año de prisión y nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito urbanístico al otorgar una licencia para construir 108 viviendas en suelo clasificado como zona deportiva.

La sentencia ha sido dictada hoy por el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga y absuelve a los ex ediles de Marbella Mario Jiménez Notario, Rafael González Carrasco, Manuel Calle Arcal y Dolores Zurdo, que habían sido acusados por la Fiscalía de un delito continuado contra la ordenación del territorio.

Muñoz y Alcalá formaban parte de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella celebrada el 27 de marzo de 1998 que aprobó el proyecto de ejecución correspondiente a una licencia de obras concedida a las entidades Jotsa y Promotora Uno SA para la construcción de un edificio de 108 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en el núcleo marbellí de San Pedro de Alcántara.

En la resolución judicial, que una vez firme deberá remitirse al Consistorio marbellí, se declara asimismo la nulidad de las licencias de obra mayor concedidas a ambas entidades.

No obstante, señala que la anulación no conllevará la demolición del edificio porque en el procedimiento no figuran como responsables civiles los titulares de las licencias, y debido a la actual calificación urbanística que otorga al terreno el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella.

El terreno, situado en la avenida Príncipe de Asturias, en la parcela conocida como Los Arquillos, tenía la clasificación de suelo rústico según el PGOU de 1968, la cual cambió a zona de equipamiento deportivo de uso público conforme al plan parcial de ordenación aprobado el 22 de julio de 1982.

En los hechos probados se señala que no consta que el secretario municipal hiciera objeción alguna de legalidad a las licencias, ni advirtiera de que existían informes técnicos contrarios.

Tampoco existe decreto de la Alcaldía por el que se delegara a la comisión de gobierno el otorgamiento de licencias urbanísticas, añade.

El juez no accede a la petición de atenuante por dilación indebida del proceso porque, aunque el procedimiento ha tardado casi 9 años en tramitarse, de este tiempo debe descontarse el periodo que estuvo suspendido por planteamiento de la cuestión prejudicial (cinco años).

Según el magistrado, el periodo restante, "si bien prolongado, no puede calificarse de excesivo", habida cuenta del número de acusados, de los cambios de letrados, del número de recursos interpuestos y de pruebas propuestas y admitidas por las partes, que han determinado que la causa cuente con siete tomos, argumenta.

Julián Muñoz, imputado en el caso Malaya, cumple actualmente condena por dos causas urbanísticas.

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