El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, reiteró este jueves ante el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz no va a instar al Ejecutivo de la Nación a disolver el Ayuntamiento de Estepona porque no hay "ninguna causa ni motivo" para ello y pidió al PP-A que abandone su estrategia encaminada a impedir la gobernabilidad y busque el acuerdo con el PSOE-A.

Pizarro respondió a una pregunta sobre este asunto formulada por la diputada del PP Ana María Corredera, quien calificó de "lamentable" la actitud del consejero y dijo que la Junta ha tenido tiempo más que suficiente desde que surgiera el escándalo de Astapa en junio de 2008, para plantear la disolución del Ayuntamiento de Estepona y favorecer la constitución de un gobierno legítimo que no estuviera envuelto en la corrupción, como ocurre con el actual, según apuntó.

Tras indicar que hasta el nuevo alcalde, David Valadez, está imputado por un tema de disciplina urbanística, Corredera indicó que la imagen del actual Ayuntamiento de Estepona es la del "cohecho, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales" y apuntó que no sabe lo que tiene que ocurrir para que se disuelva el consistorio, donde se ha instalado la "ruina total" y una "ingobernabilidad absoluta".

Señaló que el antecedente más similar fue el del Ayuntamiento de Marbella, que sí se disolvió porque se trataba del GIL y, en cambio, no ocurre lo mismo con el de Estepona porque se trata del PSOE. "Sacrifican el interés general de Estepona por el interés del PSOE", denunció la diputada del PP, para quien ni la Junta ni el PSOE-A tienen "vergüenza torera" para plantar cara al problema y tomar decisiones difíciles.

Tras asegurar que la Junta sí sabía lo que ocurría en Estepona, le demandó que por justicia y por solidaridad con los esteponeros permita la regeneración democrática y no eluda "sus responsabilidades por más tiempo".

Por su parte, el consejero le replicó que "no hay ninguna causa ni ningún motivo para disolver y convocar elecciones que no se haya discutido en anteriores ocasiones", mientras acusó a los populares de estar instalados en una estrategia de que "no se gobierne con estabilidad" en Estepona.

Señaló que de los 25 concejales que hay en el consistorio, tan sólo ocho están imputados, por lo que, a su juicio, hay un número suficiente de ediles para poder mantener un gobierno estable, "que funciona, pese a la oposición dura y de obstrucción del PP".

Aconsejó a los populares que si quieren defender los intereses de Estepona olviden esa estrategia y respalden las iniciativas que se plantean para mejorar la situación de los ciudadanos y de los colectivos que se han visto afectados por lo ocurrido, como el caso de los empresarios a los que se debía dinero.

El consejero se mostró convencido de que el gobierno municipal funciona "sin ningún tipo de problemas" e insistió en demandar a los populares que sean "más responsables" y se pongan de acuerdo con el alcalde y con el PSOE para garantizar la gobernabilidad y la aprobación de medidas positivas para la ciudadanía. Si los populares persisten en su actitud actual, según el consejero, "los ciudadanos los van a castigar electoralmente" en las próximas elecciones