El Ayuntamiento de Mijas ha puesto en marcha una medida con la que tratar de regularizar el máximo de viviendas ilegales que en estos momentos hay en la localidad. Para ello, ha comenzado a dividir por sectores geográficos las construcciones, una actuación que habrá terminado en mayo, según las previsiones municipales. Los detalles de esta iniciativa se dieron a conocer en el último Pleno extraordinario celebrado por el Consistorio mijeño a petición del PP para debatir asuntos urbanísticos.

Con esta sectorización se pretende normalizar la situación de muchas de las viviendas a través de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado inicialmente en 2005, y su adaptación a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA). A través de este trabajo de campo, que cuenta con la colaboración de la Asociación por la Regularización de Viviendas de Mijas, se delimitará con exactitud qué expedientes corresponden a viviendas.

Según declaró el alcalde de Mijas, Antonio Sánchez (PSOE), "la intención del Ayuntamiento es emplear todos los medios legales y de planeamiento a su alcance para evitar las demoliciones", al tiempo que reconoció que "desde el primer momento ha quedado claro que habrá casos en los que sea imposible la regularización".

El PP apostó por pedir a los tribunales "la paralización temporal de la tramitación de los expedientes de viviendas irregulares con orden de demolición, alegando la voluntad explícita del Pleno de incorporar esa regularización a la Revisión del PGOU". En la actualidad hay unos 1.100 expedientes abiertos por irregularidades, que afectan a viviendas y a otras construcciones, tanto en los cascos urbanos como en zonas rurales.