El PSOE de Ronda ahondó ayer en la polémica por la gestión de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad durante una comparecencia que pretendió, a priori, "aclarar" la postura abstencionista de esta formación ante la aprobación inicial del avance del citado documento urbanístico.

El secretario general de los socialistas rondeños, Francisco Cañestro, y la concejal Maribel Morales, antigua edil de Obras y Urbanismo, advirtieron que su postura, explicitada durante el último Pleno del pasado año, se debió al "oscurantismo" y la "falta de transparencia" que ha guiado hasta ahora todo el proceso de planeamiento. Y Morales acudió, como argumento, a lo sucedido hasta ahora.

Así, recordó que "la moción de censura contra el PSOE tuvo como argumento, en 2004, los supuestos retrasos en la tramitación, cuando acabábamos de iniciar el proceso para la contratación de la empresa redactora. Cuatro años más tarde seguimos sin Plan", dijo. Así, acusó al equipo de gobierno de la ciudad, integrado por los grupos andalucista y popular, de "falta de rigor, eficacia y eficiencia", pero aseguró que "lo peor ha sido, en todo caso, la irregularidad manifiesta de todo el procedimiento", añadió.

Así, la edil socialista recordó que fueron el propio alcalde del municipio, Antonio Marín Lara (PA), Izquierda Unida o el extinto grupo GIL quienes pusieron de manifiesto que los primeros documentos del nuevo PGOU habían llegado al Ayuntamiento mucho antes de que la Concejalía de Obras, dirigida por José Herrera (PP), los hiciera públicos, "mientras que éste aseguraba una y otra vez que no había nada de nada". Y recordó que fueron algunos miembros del Partido Popular quienes, presuntamente, actuaron como intermediarios en la compraventa de algunos terrenos calificados como urbanizables en la propuesta del equipo redactor, que finalmente se hizo pública a finales de 2006.

"Para comprobar todo esto, invitamos a cualquier ciudadano a que intente comprar un metro cuadrado de esas zonas urbanizables, para que vea cómo no queda ni uno solo, y eso que aún no tenemos plan", espetó Maribel Morales.

Por ello, solicitó que "ante tanta irregularidad y manoseo de documento" el alcalde de la localidad cree una comisión de investigación "para depurar responsabilidades", al tiempo que acusó a Marín Lara de someterse a sus socios de Gobierno, "quienes han gestionado a su capricho los documentos", concluyó.

Por otro lado, Francisco Cañestro pidió que "el nuevo PGOU sea de todos y no de unos pocos", al tiempo que exigió que el nuevo planeamiento "no sirva para que alguien se lucre y gane dinero con él". Asimismo, condicionó el voto favorable del PSOE a una propuesta definitiva del nuevo Plan a que éste no prevea crecimientos "no coherentes" de la ciudad, definidos fuera de la propia meseta o tras la circunvalación. Mostró, al fin, su preocupación por las previsiones de construcción de nuevas viviendas: "Se pretende construir un número de viviendas diez veces superior a la demanda, cuando aún contamos con 3.500 viviendas pendientes del Plan de 1994, y a eso también nos opondremos", concluyó Cañestro.

Ayer el concejal de Obras prefirió no hacer declaraciones a este periódico hasta que no tuviese las declaraciones "completas" de ambos dirigentes socialistas.