Viviendas por casas de aperos

  • Residentes en las casas declaradas como ilegales reconocen que no deberían haber construido, pero piden igualdad de trato de las administraciones para todos los casos

No cabe duda de que Mijas se encuentra en una situación urbanística delicada, ya que son muchos los vecinos afectados por residir en viviendas ilegales con expedientes abiertos para su demolición. Los chalets saltan a la vista a ambos lados de los caminos rurales en zonas como Valtocado. Allí, en una minúscula casa prefabricada vive desde hace cuatro años Isabel, junto a su marido Salvador y su hermano José.

"Pedimos la licencia de aperos y todavía no nos la han dado, nos hemos gastado 13.000 euros en hacer un carril y levantar un muro de contención bajo la carretera y ahora tenemos que pagar una multa de 22.000 euros", comenta.

También tuvieron que hacer una inversión importante para que les llegara la luz legalmente y cada vez que necesitan agua tienen que ir a llenar garrafas al pozo de un vecino. Estas complicaciones se unen, según explica Isabel a la enfermedad de su hermano, quien tiene deficiencia mental y esquizofrenia, y "está acostumbrado a vivir en este lugar".

Así, Isabel lamenta la falta de servicios, a pesar de que paga sus impuestos, pero es consciente de que no puede ser de otra manera, al tratarse de una vivienda ilegal colocada en un terreno no urbanizable. Lo que sí demanda fervientemente, coincidiendo con la mayoría de vecinos afectados por las viviendas ilegales, es la igualdad en el trato por parte del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía a la hora de abrir expedientes e imponer sanciones. Y es que según denunció Juan, el presidente de la Asociación por la regularización de las viviendas de Mijas, "las multas sólo se han aplicado a algunos, mientras que enormes chalets levantados a escasos metros son supuestamente legales". Asimismo, denunció el campo de golf que se está creando detrás del cerro de Valtocado, y cuya empresa constructora "está dañando el entorno natural".

El portavoz de los afectados explicó que hay 3.000 expedientes urbanísticos abiertos, 300 advertencias de demolición y multas que oscilan entre los 600 y los 240.000 euros. "Yo vivo en una casa con licencia de aperos y demolerla me cuesta 12.000 euros, además de la sanción, algo que no me puedo permitir", comenta Juan.

Tampoco se encuentra muy boyante la economía de Miguel, quien tendrá que pagar 9.000 euros durante doce meses con su sueldo mileurista. El derribo de su casa es inminente, y si éste finalmente corre a cargo del Ayuntamiento tendrá que abonar también los costes de demolición.

Desde el Consistorio han asegurado que están buscando la fórmula para solucionar este problema, mientras que los vecinos creen que "el que debe paralizarlo es el alcalde, al igual que parece que va a ocurrir en Marbella, antes de que se apruebe definitivamente el PGOU", según opina Juan. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mijas tampoco está aprobado definitivamente y por ello, los mijeños afectados por las viviendas ilegales se han manifestado recientemente en el Ayuntamiento, sosteniendo que algunos no tienen otra vivienda en la que permanecer.

Hoy el presidente de la asociación mantendrá una nueva reunión con el regidor mijeño, Antonio Sánchez (PSOE), el asesor jurídico y el abogado de los vecinos afectados, al objeto de buscar una salida ante este oscuro panorama.

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