La que fuera secretaria municipal en el Ayuntamiento de Tolox entre los años 2002 y 2006 declaró ayer como testigo en el juicio que se sigue contra el alcalde, Juan Vera (Convergencia Andaluza), en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga por delitos urbanísticos y aseguró que advirtió "continuamente" al regidor de los expedientes que eran contrarios a la norma.

En esta causa, la Fiscalía acusa al alcalde de varios delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística, pidiendo penas de prisión e inhabilitación para él. Además, están acusados varios particulares que solicitaron licencias de obras, muchos de ellos extranjeros, y también una arquitecta técnica y la representante de una inmobiliaria.

La ex secretaria dijo que las conversaciones con Vera sobre este extremo eran habituales y que él sabía que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) requería que hubiera en los expedientes informes jurídicos, que ella misma hacía desde que tomó posesión de su cargo. Apuntó que recuerda haber hecho algunos informes negativos en los expedientes analizados en esta causa y manifestó que le hizo advertencia de que no podía hacer la parcelación en su finca.

Sobre las manifestaciones del alcalde de que había informes jurídicos que no estaban en los expedientes y se habrían incorporado más tarde, negó este hecho, indicando que si existen informes con fecha posterior a la de la concesión de la licencia es un fallo administrativo. El juicio comenzó a principios de octubre con cuestiones previas y la declaración de los acusados. En esta sesión han declarado varios testigos y peritos, aunque no comparecieron, por distintas causas, tres guardias civiles que participaron en la investigación, lo que hizo al magistrado suspender la vista hasta el 29 de noviembre a petición del fiscal y con la oposición de las defensas.

Sí declaró el arquitecto municipal, quien reconoció: "con el tiempo nos hemos dado cuenta de que se han construido muchas viviendas con licencias para almacén de aperos". Al tiempo, apuntó que para hacer sus informes, sólo veía los documentos y no iba a las fincas, pero que cuando recibieron las denuncias y comenzaron a ir a los terrenos sí se encontró con inmuebles.

La acusación pública sostiene en sus conclusiones iniciales que supuestamente el regidor otorgó escritura de segregación y venta de partes de una finca de su propiedad a extranjeros, encargándose la construcción y la obtención de los permisos a la administradora de la inmobiliaria, quien a su vez contrató la parte técnica a dicha arquitecta.

La Fiscalía señala que entre 2003 y 2004, el alcalde dio licencias, en algún caso, para la reforma de casas "inexistentes" y en otros para un almacén o alberca, construyéndose en realidad una vivienda unifamiliar con piscina; "sin que en ningún momento denunciara o iniciara expediente administrativo". En un caso, es Vera el que pide y obtiene el permiso.

En el juicio, el regidor aseguró que no comprobaba los expedientes de obras porque pasaban antes por los funcionarios, que le decían que "estaban bien" y le ponían a la firma los permisos.