Cada día de 2010 que el alcalde de Estepona, David Valadez, va tachando en el calendario es un problema más que añadir a su agenda. El ejercicio comenzó con la readmisión, por sentencia judicial, en la radio televisión municipal de dos cargos de confianza del anterior equipo de gobierno cuyos salarios rondan los 5.000 euros brutos al mes, casi el doble de lo que percibe el regidor y todo ello en un mes en el que las nóminas de diciembre y la extraordinaria de Navidad de los 1.300 trabajadores municipales no se pudieron pagar hasta el 14 de enero. Se da la circunstancia de que uno de esos empleados readmitidos es el secretario del PSOE de San Pedro, Rafael García.

Pocos días después el parque de bomberos se quedaba sin vehículos operativos. A las averías de la mayor parte de la flota se sumaba el hecho de que el único coche operativo no superó la ITV, inspección que estuvo a punto de no poder pasarse ante la falta de fondos en las arcas municipales para pagar los 60 euros que cuesta la revisión. El Consorcio Provincial de Bomberos, al que los efectivos de Estepona no se quieren sumar, tuvo que socorrer a la localidad hasta que se puso a punto parte de la flota.

Ya en la tercera semana de enero, Valadez era citado a declarar en calidad de imputado en relación a la vivienda construida por el que fuera su jefe de gabinete de manera irregular. El TSJA, que adelantó a los medios en diciembre la situación procesal del alcalde, confirmó su declaración como imputado, si bien en enero no detalló por qué delitos lo hacía.

Unos días después el alcalde llevó a pleno la aprobación inicial del plan de sectorización de los terrenos propiedad de la Casa Real Saudí. No prosperó al entender la oposición que había dudas respecto al número de viviendas a construir. En ese pleno la socia de gobierno de Valadez, la independiente Rosa Díaz, se alineó con la oposición y también pidió que el punto quedara sobre la mesa.

Finalmente, a los pocos días, se celebró otro pleno en el que se solventaron las dudas presentadas por la oposición y el plan de sectorización salió adelante con el consiguiente ingreso de dos millones de euros en las arcas municipales.

A pesar de que desde que empezó el año Valadez se enfrenta a problema por semana, en estos últimos días la situación se ha intensificado. Primero su otra socia de gobierno, la andalucista Agripina Rivas, comunicaba a los medios de comunicación que abandonaba las empresas municipales "al no compartir la política de Personal", noticia que Valadez conoció a través de los periodistas justo cuando daba una rueda de prensa para defenderse de los ataques del PP que le acusaban de realizar nuevas contrataciones en el Ayuntamiento y las sociedades municipales.

A la mañana siguiente, con este frente aún abierto, el sindicato CSI-CSIF denunció el pago de productividades a dos técnicos municipales imputados en Astapa. Tanto al citada central sindical como CCOO exigieron explicaciones al regidor, que aún no se ha pronunciado al respecto.

La que sí ha hablado estos días ha sido la concejala de Personal, Cristina Rodríguez, quien calificó de "vomitiva, ruin y mezquina la actitud de ciertas personas que están detrás del CSI-CSIF". A su juicio, "aquí, de lo que se trata fundamentalmente, es de que a este gobierno se le presione cada vez más. Ya está bien del acoso y derribo que se está practicando contra nuestro alcalde, David Valadez, que se está dejando la piel en este proyecto". Según Rodríguez "se está poniendo a este gobierno contra la espada y la pared a pesar de que por primera vez en la historia se está reduciendo el gasto de Personal".

Con todos estos frentes abiertos y un gabinete de alcaldía compuesto por un auxiliar de administrativo y una secretaria Valadez afronta lo que queda de mandato con proyectos pendientes como la puesta en marcha del CHARE y del campus universitario.