El caso es por lo menos curioso: mientras el presidente francés, Nicolas Sarkozy, endurecía su política contra los inmigrantes gitanos, se declaraba monumento histórico el mayor campo de concentración de gitanos establecido por los nazis en el país. "Es un buen varapalo contra el gobierno y la actualidad política", opinó Jacques Sigot, que desde hace décadas impulsaba la creación de un sitio conmemorativo de la masacre nazi en Montreuil-Bellay, en el centro de Francia. Unas 3.000 personas fueron encerradas en ese campo. Alrededor de 100 murieron por las condiciones de vida infrahumanas a las que eran sometidas.

Hoy los gitanos hacen frente a un plan para desmantelar los campamentos en los que están instalados. El ministro del Interior, Brice Hortefeux, anunció el cierre de la mitad de los cerca de 600 campamentos ilegales en un plazo de tres meses. El ministro hizo un balance provisional del plan: en dos semanas se levantaron 40 campos y se expulsó a unas 700 personas.

Las organizaciones humanitarias advierten sin embargo de una contradicción: las comunas con más de 5.000 habitantes están obligadas por ley desde el año 2000 a crear espacios para que los pueblos errantes se instalen. Como la mayoría incumple la normativa, a los inmigrantes no les queda más remedio que fijar sus campamentos de forma ilegal.

La nueva ofensiva contra los campamentos ilegales es una respuesta a los disturbios generados por la muerte de un joven que huía de la policía. La víctima pertenecía a uno de los grupos nómadas que desde hace años viven en caravanas cerca de Saint-Aignan. Decenas de personas protestaron por la muerte y atacaron a la policía. Sarkozy se quejó públicamente del "comportamiento de algunos nómadas o gitanos".

Esas denominaciones unifican en realidad a un grupo nada homogéneo. El "pueblo errante" es una categoría de la administración francesa que cubre a unas 400.000 personas. Un 95 por ciento de ellas son franceses y unos dos tercios son sedentarias. En la calle se los llama "tzigans" o "gîtans", el equivalente a "gitanos", un término que alude al origen legendario de estos grupos. Entre ellos se encuentran sin embargo unos 15.000 romaníes, que en realidad provienen de Bulgaria y Rumania.

En su objetivo de dejar de verlos en sus calles, el gobierno francés paga incluso los pasajes de la repatriación. El año pasado unos 10.000 fueron devueltos a sus países de origen. La medida tiene un éxito relativo: se estima que dos terceras partes regresaron de inmediato a Francia. París está por ello incrementando la presión política para que Rumania mejore las políticas de integración de sus gitanos y disminuya así el flujo migratorio hacia Francia.

La oposición gala, entre tanto, acusa al gobierno de estar utilizando a los romaníes y otros pueblos errantes como chivo expiatorio. También de agitar el tema para desviar la atención de otros problemas que afectan al gobierno, como el escándalo por donaciones irregulares de la heredera de L'Oréal Erbin Liliane Bettencourt al partido de gobierno. Pero las críticas llegan también desde el extranjero. El comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Thomas Hammarberg, mostró su preocupación por la estigmatización de los gitanos. También el Comité de la ONU contra la Discriminación llegó incluso a acusar a Francia por "un repunte de actos racistas".