El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue los malos tratos a menores

  • Las Comunidades Autónomas abrirán expediente a los centros que se incluyen en el informe del Defensor del Pueblo.

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La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, anunció que va a poner en manos de la Fiscalía General del Estado una investigación judicial en toda regla sobre las denuncias de malos tratos a internos en centros de menores con trastornos de conducta, tal y como recoge un informe del Defensor del pueblo, Enrique Múgica. El estudio, que toma como muestra 27 de estos centros, ha llevado también a que las Comunidades Autónomas comiencen a estudiar el funcionamiento de los mismos y varias ya han decidió abrir expediente a aquellos que denuncia Múgica. Unicef se ha apresurado a pedir que se esclarezcan los hechos.

"Voy a poner en conocimiento de la Fiscalía este informe para que actúe de manera que considere conveniente porque estos hechos tienen que ser investigados y, por lo tanto, voy a pedirle que efectivamente lo haga", aseveró la ministra en una rueda de prensa en su departamento. La titular de Educación dijo también que el Observatorio de la Infancia, que depende de su Ministerio, se va a poner en marcha "para contribuir a ese mejor conocimiento de lo que puede haber ocurrido".

Durante su intervención, Cabrera reconoció que las competencias en este aspecto son de las Comunidades Autónomas, pero señaló que "dada la importancia", el Ejecutivo "no puede quedarse al margen". En este sentido, indicó que se pondrá en contacto con las administraciones regionales, para que respondan a este informe del Defensor del Pueblo y así su departamento tenga un conocimiento riguroso de lo que allí se está haciendo.

Algunos de los Gobiernos autonómicos ya han reaccionado al informe de Múgica. Castilla La-Mancha ya anunció, a través del consejero de Salud, Fernando Lamata, que está analizando a fondo el documento y que está dispuesto a adoptar algunas recomendaciones emitidas. Lamata explicó que la Comunidad no había registrado ninguna denuncia por parte de los trabajadores de los centros manchegos investigados, en los que personal de Junta realiza inspecciones una vez al mes. Al respecto, el consejero defendió que en Castilla-La Mancha hay un amplio programa de atención a menores, aunque indicó que "si hay recomendaciones en el informe" se incorporará, porque, en su opinión, "siempre es bueno tener una mirada complementaria del servicio que estábamos prestando".

La Comunidad Valenciana ha tomado asimismo una decisión tras el informe. En su caso la solución será abrir expediente a los dos centros valencianos que denuncia el Defensor del Menor y, además, el consejero de  Bienestar Social, Juan Cotino, comparecerá a petición propia en la Comisión de Política Social y empleo de las Corts.

También se refirió a este tema la directora del Comité Español de Unicef, Paloma Escudero, quien reclamó que se respeten "la dignidad y los derechos de los niños" y advirtió de que las comunidades autónomas deben garantizar el cumplimiento de los "protocolos y legislación existentes". "Lo primero es conocer los hechos, tener información de primera mano, que es lo que estamos haciendo ahora" a fin de que se esclarezca lo sucedido, señaló.

La directora de Unicef-España no consideró necesario que se revise la actual legislación sobre centros de menores, ya que los actuales protocolos "ya garantizan los derechos básicos en los centros de acogida". Lo importante, advirtió, es que las comunidades autónomas hagan lo necesario para que "se apliquen bien los protocolos y legislaciones existentes".

Por otra parte, la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez, mostró su "honda preocupación" por las denuncias de malos tratos en centros de menores y apeló a la responsabilidad de todas las instituciones competentes, especialmente las comunidades autónomas, "para que solventen y pongan fin a esta situación cuanto antes".

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