Quince detenidos en una operación por fraude en contratos públicos

  • Los arrestos se han producido en Madrid, Málaga, Las Palmas y Melilla. Uno de los detenidos es el director de Seguridad de la ciudad autónoma.

El director general de Seguridad Ciudadana de Melilla, Gregorio Castillo, es uno de los detenidos en la operación desarrollada por la Guardia Civil que investiga una trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos. Según han informado fuentes judiciales, Castillo es uno de los quince detenidos en el marco de la denominada operación Tosca, que se ha desarrollado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en concreto del Grupo de Delitos contra la Administración.

Además de en Melilla, se han producido detenciones en Madrid, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. Castillo, que es Policía Nacional de profesión, es muy conocido en el ámbito social melillense por su vinculación con las cofradías, en una de las cuales ocupa el cargo de gestor delegado. En la lista de detenidos figuran, además del número dos de la Consejería de Seguridad Ciudadana, algún funcionario y responsables de empresas relacionadas con el ámbito del agua y la seguridad.

La operación Tosca es la continuación de una investigación iniciada en el año 2013 y relacionada con delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales. En dicha actuación se intervino diversa documentación que evidenciaba "el desvío de fondos públicos y otros actos de corrupción en procedimientos de adjudicación de contratos públicos dentro de la Ciudad Autónoma de Melilla", y que dio origen a la operación Ópera.

Tras el análisis de la documentación intervenida en los registros realizados en dependencias públicas, se detectó la existencia de varias personas que fraudulentamente gestionaban fondos públicos en connivencia con funcionarios, cargos públicos y directivos de distintas empresas. Esto, según la Guardia Civil, viciaba los procesos de contratación, anteponiendo intereses personales o empresariales al interés general. "De estos desvíos de fondos y adjudicaciones de contratos se habrían beneficiado económicamente las sociedades investigadas adjudicatarias de los contratos, detectándose igualmente la obtención de beneficios por parte de algunos de los funcionarios y cargos públicos", afirma el instituto armado.

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