El sector pide "rigor" a las administraciones en la detección de residencias de mayores ilegales

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha exigido a las administraciones públicas que dediquen "rigor" para detectar eventuales ilegalidades o incumplimientos de las condiciones de seguridad en los establecimientos que prestan servicios, con el fin de que se evite que vuelvan a ocurrir sucesos como el incendio de una residencia de mayores en Zaragoza, el pasado domingo, en el que murieron ocho personas.

La organización considera que, transcurridos unos días, desde el incidente, "es momento de realizar un análisis sosegado sobre las circunstancias que han permitido que ocurriera un hecho como ese, y una valoración de la situación en que se encuentra estos servicios residenciales".

Por ello, señalan, en primer lugar, que, pese a la normativa existente para la concesión de licencias de actividad en el sector, "el problema no es la falta de normativa o una normativa adecuada, sino una adecuada inspección de estos centros y sobre todo agilidad y decisión a la hora de determinar el cierre de establecimientos". Además del peligro que supone para los perceptores de servicios el hecho de que los establecimientos a los que acuden no cumplan las condiciones mínimas exigidas por la ley, la asociación señala también que dejar operar a estos centros supone permitir la "competencia desleal" hacia las instituciones que sí se ajustan a los parámetros legales.

Junto con el peligro y la competencia desleal, un tercer efecto de no ser "riguroso" en el cierre de los centros ilegales conlleva que, cuando se producen tragedias como la del pasado domingo, se produce un "desprestigio injustificado" hacia todo el sector.

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