Un año después del desastre de BP, las aguas del Golfo de México empiezan a aclararse al tiempo que un nuevo vertido capta la atención de los medios: el de los cheques firmados por la petrolera, que inundan los bolsillos de unos pocos afectados mientras la mayoría se cansan de esperarlos.

El colapso de la plataforma Deepwater Horizon, el 20 de abril de 2010, dejó tras de sí 11 muertes, destapó un pozo que liberaría al mar 4,9 millones de litros de crudo a lo largo de tres meses y garantizó, a primera vista, un cúmulo de desgracias para cualquier empresario de la zona.

Después de 12 meses, el Golfo de México sigue padeciendo una economía renqueante y los pescadores continúan sin levantar cabeza, pero unos pocos han logrado lo que parecía impensable: hacer negocio con las secuelas del vertido.

Los medios estadounidenses les han bautizado como spillionaires (algo así como millonarios del derrame), una nueva raza que ha absorbido gran parte de los 16.000 millones de dólares gastados hasta ahora por BP en la limpieza y la compensación a los afectados por el mayor desastre ecológico de la historia del país.

Desde que la petrolera estableció el fondo, empresarios y autoridades locales orquestaron timos por valor de decenas de miles de dólares, al cobrar a la compañía sumas exageradas por cada gasto posible, según investigaciones independientes de la agencia ProPublica y el diario de Nueva Orleans The Times-Picayune.

Mientras, unos 130.000 empresarios y pescadores esperan impacientes que sus denuncias atraviesen el complejo sistema de gestión del Centro de Reclamaciones del Golfo de México (GCCF), que administra el fondo de 20.000 millones de dólares dispuesto por BP.

El otro gran capítulo pendiente, la batalla por salvar el ecosistema de la zona, seguirá librándose aún durante décadas, según todas las predicciones científicas.

Como consecuencia de la profundidad a la que se produjo el derrame (1.500 metros) gran parte del crudo se confunde con la arena del fondo marino y otra tanta porción se ha disuelto a honduras tales que imposibilitan medir su impacto futuro.

Aunque la mayoría de las playas se han abierto ya al turismo y los rastros de alquitrán son prácticamente invisibles, no se pueden descartar nuevos estragos en los más de 4.800 kilómetros de costa y marismas que, según la Fundación Nacional de la Vida Salvaje, se mancharon de petróleo.

En alta mar, apenas 2.500 de los 220.000 kilómetros cuadrados que se cerraron a la pesca tras la catástrofe siguen clausurados, aunque el deterioro de las marismas impide que prosperen las gambas y ostras que solían sostener la economía de la costa.

Tampoco levantan cabeza muchos animales de la zona, en particular las más de 400 tortugas en peligro de extinción que resultaron contaminadas, aunque otras especies se han recuperado casi por completo, como los pelícanos cuyas alas manchadas protagonizaron millones de fotografías.

El vertido ocupó los titulares durante meses y aún le restan unos cuantos, como el de la multa que decida imponer el Gobierno de EEUU una vez cierre por completo su investigación de las causas de la catástrofe. La conclusión, por ahora, es que el desastre no se debió a un solo factor, sino a un cúmulo de errores protagonizados por BP, sus contratistas, y una industria petrolera demasiado laxa a la hora de regular las explotaciones.