Miles de españoles padecen algún tipo de cáncer asociado al polvo de amianto que respiraron en sus empresas durante las décadas de los 70, 80 y 90, pero lejos de hacer una causa común las víctimas afrontan la situación entre el silencio de la enfermedad y la internacionalización judicial de su caso.

Los cálculos de algunos expertos son demoledores: en España unas 250.000 personas trabajaron durante esos años en contacto directo con el amianto y entre 40.000 y 60.000 de ellas han contraído enfermedades irreversibles, sobre todo cáncer de pulmón, pleural o peritoneal como consecuencia de las cuales han fallecido o van a morir durante las dos próximas décadas.

Mientras se resuelven en España los cientos de casos abiertos en los tribunales, las reivindicaciones de los afectados se centran en tres: crear un registro de tumores por amianto; desarrollar un programa de vigilancia médica pos-ocupacional para controlar a los miles de trabajadores que estuvieron expuestos y un fondo de indemnización para ayudar a las víctimas y a sus familiares.

Ángel Cárcoba es experto en salud laboral y durante años presidió un Grupo de Trabajo sobre Amianto de la Comisión Europea. No duda en calificar de "pandemia mundial" el problema y recuerda, con las cifras de la Organización Mundial de la Salud sobre la mesa, que cada año mueren en el mundo unas 100.000 personas a causa del cáncer de pleura, un tipo de cáncer que sólo padecen quienes han estado en contacto con el amianto (sólo se registra un caso por cada millón entre personas que no han estado expuestas a esa sustancia).

En España, esa epidemia se traduce en la muerte anual de unas 1.100 personas como consecuencia del cáncer de pulmón, de pleura o de peritoneo, y recuerda Cárcoba que las cerca de tres millones de toneladas de amianto que se usaron en España durante el último tramo del siglo XX están en las paredes y techos de miles de edificios, en tuberías de agua y gas, en universidades, hospitales o en estudios de radio y televisión. Pero a su juicio existe una "conspiración del silencio" en torno a este asunto promovida sobre todo por el lobby de empresas implicadas en su uso, que ha conseguido evitar que en España exista una sensibilidad social similar a la que existe en otros países.

Andrea Peiró es abogada en uno de los despachos que representa a algunas víctimas y a sus familiares, y no oculta la dificultad de probar ("en España", advierte) la relación causa-efecto que existe entre el desempeño de una determinada actividad laboral y una enfermedad como el cáncer de pulmón o la imposibilidad de disponer de un registro de las personas que estuvieron expuestas al amianto.

En España se han dictado ya varias sentencias favorables a los trabajadores, tanto en el ámbito social, como civil y penal, y se han producido además varios acuerdos de conformidad entre las empresas y los afectados para evitar el proceso judicial a cambio de una indemnización.

Según los datos facilitados por esta abogada, en los procesos que se están resolviendo a favor de los afectados se están fijando indemnizaciones que oscilan entre 100.000 y 400.000 euros, aunque la mayoría de los casos siguen abiertos y pendientes de recursos ante el Supremo.

Interpreta además la abogada que, dado que las víctimas del amianto se contabilizan por miles, ni a las empresas ni al Estado les ha interesado afrontar este problema, como lo han hecho con otros problemas de salud pública en los que se ha producido una intoxicación masiva.

Andrea Peiró está convencida de que en España este iceberg sólo ha enseñado de momento la punta y cita los casos de otros países en los que existen fondos de indemnización para los afectados en los que participan las empresas y los estados. Sobre todo se detiene en el caso estadounidense, donde las indemnizaciones que están consiguiendo los afectados, mediante el acuerdo previo o tras un proceso judicial, son "millonarias".

Alguno de los cientos de procesos judiciales abiertos ha traspasado las fronteras españolas y se siguen en Estados Unidos; es el caso de un ex trabajador de Cartagena que ha demandado a las 25 empresas que suministraban amianto a la filial española en la que trabajaba. Una de ellas ya ha pactado el pago de una indemnización, pero el proceso continúa contra el resto.

Carmen perdió a su padre y a un hermano, los dos fallecidos por un cáncer de pulmón después de trabajar durante años en una empresa donde el amianto estaba presente. Se siente "abandonada" por la empresa y por las administraciones, y aunque lamenta que este caso no se haya abordado como otras intoxicaciones masivas, confía en la vía judicial para obtener un resarcimiento.

Otra mujer, María del Carmen, perdió a su marido con 58 años tras luchar contra un cáncer pleural; hoy denuncia que ninguno de los médicos que le atendieron se "atrevió" a relacionar aquel tipo de cáncer con el contacto con el amianto a pesar de las evidencias científicas que existían.