Un 90% de las víctimas de explotación rechaza acogerse a la ley de extranjería

  • La norma amplía la protección a estas mujeres y a las personas de su entorno para facilitar su colaboración con la Policía.

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La mayoría de las víctimas de trata con fines de explotación sexual rechazaron acogerse en 2011 al artículo 59 bis de la reformada ley de extranjería, que amplía la protección de estas mujeres y la de sus familiares para facilitar que éstas colaboren con las fuerzas de seguridad. Así de los 752 ofrecimientos que hicieron las fuerzas de seguridad a las víctimas potenciales para acogerse a este artículo, 669 lo rechazaron -casi el noventa por ciento-, según ha asegurado el jefe de la sección primera de la Brigada Central de Redes de Inmigración, Pedro Bernardo, con datos del 22 de diciembre.

El artículo 59 bis, que fue modificado después de la aprobación de la reforma de la ley y entró en vigor el pasado 29 de julio, tiene como objetivo ampliar la protección a las víctimas de trata de seres humanos para facilitar que éstas colaboren con las autoridades en la investigación de sus explotadores. Así, cuando la mujer decida acogerse al periodo de al menos 30 de días de restablecimiento y reflexión que recoge el artículo para decidir si colabora con las fuerzas de seguridad, se amplía la protección no sólo a hijos y familiares sino también a personas de su entorno que se puedan ver afectadas por la decisión de denunciar.

Durante el periodo de restablecimiento y protección, las fuerzas de seguridad deben velar por la protección y seguridad de la mujer. Además, la norma obliga a no incoar un expediente de expulsión a las víctimas que denuncian y que están en situación irregular en España.

En cuanto a las mujeres que sí han accedido acogerse al artículo, Bernardo ha indicado que han sido 83 mujeres y las delegaciones del Gobierno han accedido a autorizarlo a 59 de ellas, en tanto que lo han denegado a 24. La denegación por parte de la delegación del Gobierno a que una víctima pueda acogerse al 59 bis puede deberse a varios factores como la credibilidad de la víctima o los indicios que puedan llevar a identificarla como tal.

Previamente, las fuerzas de seguridad elaboran un informe "objetivo" en el que informan a las delegaciones del Gobierno correspondiente de lo que la mujer ha testificado, así como de lo que han relatado la ONG que la han animado a denunciar el caso, y de las pruebas que han aportado, entre otros asuntos.

Una de las asociaciones que trabaja con las víctimas de trata es Proyecto Esperanza, cuya coordinadora, Marta González, ha manifestado que hay "muchísimas" víctimas que desconocen sus derechos y en el caso de que los conozcan "en muchas ocasiones se encuentran entre la espada y la pared", porque temen las represalias de sus explotadores. La coordinadora del Proyecto Esperanza ha hecho hincapié en el problema de la "revictimización" de estas mujeres, en el sentido de que además de ser víctimas de un delito, se tienen que enfrentar a otras situaciones que agudizan esa condición. Así, ha citado entre otras, el hecho de que en ocasiones a las víctimas no se las reconozca como tal, o que se las "instrumentalice" durante la investigación policial y judicial.

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