Fraude en la formación

La juez Bolaños plantea la división de la causa de los cursos de formación

  • La instructora recuerda las cuatro líneas de investigación abiertas sobre los entramados empresariales beneficiados, los Consorcios, Delphi y la Faffe.

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La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre si es procedente dividir la causa de los Cursos de Formación en varias piezas para facilitar la investigación.

En una providencia que tiene fecha de ayer, la magistrada da traslado a la Fiscalía de un informe que ella misma pidió hace unas semanas sobre las situación en la que se encuentran las distintas líneas de investigación abiertas en esta macrocausa y a continuación plantea al Ministerio Público sobre la procedencia de dividir el procedimiento “en base a los diferentes entramados empresariales, consorcios, sindicatos, confederaciones y fundaciones”.

Aunque la juez no se pronuncia sobre en cuántas partes habría que dividir la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) recuerda en el informe remitido al juzgado que son cuatro las distintas líneas de investigación que se abrieron en torno a las irregularidades en las ayudas destinadas a los cursos de formación: la existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones; la existencia de “determinados fraudes” en los Consorcios entre Administraciones; las subvenciones otorgadas a empresas y funcionarios para las realizaciones de acciones tendentes a la recolocación de los ex trabajadores de Delphi y empresas afectadas; y las subvenciones otorgadas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

En el informe, la Guardia Civil recuerda que en esta causa se investigan posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y contra la Hacienda Pública –en su modalidad de fraude de subvenciones-, que se habrían sometido en la “concesión, control y justificación de las subvenciones concedidas  para la realización de acciones formativas dirigidas a Formación Profesional para el Empleo”.

En el informe, la Guardia Civil da cuenta del estado en que se encuentran cada una de estas cuatro líneas de investigación y así, sobre las pesquisas relacionadas sobre los entramados empresariales, explica que son “cuatro” los entramados empresariales en investigación, uno de los cuales está relacionados con el empresario José Sivianes, que investiga el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, por lo que habría que solicitar “un testimonio de dichas actuaciones para ser incorporado a las presentes”. En la misma situación, según la Guardia Civil, se encuentra el entramado dirigido por el ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda Avilés, que también está siendo investigado por el juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz y en la línea relacionada con Delphi.

En cuanto a los Consorcios, el informe del Instituto Armado explica que la Junta creo con diferentes administraciones un total de 14 consorcios, de los cuales están siendo investigados cuatro de ellos. De estos, CioMijas y Formades ya fueron objetos de detenciones e imputaciones en la denominada operación Barrado, desarrollada en marzo pasado, mientras que se encuentran “avanzadas” las investigaciones relativas a los otros dos consorcios (Forma y CTI), en las que se están estudiando las cuentas bancarias y el destino aplicado a los fondos públicos recibidos.

Sobre la línea de investigación de Delphi y las industrias afines, la Guardia Civil recuerda que la Junta diseñó un plan especial para la revitalización del empleo en la zona, y en ese marco se otorgaron varias subvenciones extraordinarias, unas a la Faffe y otras a varias empresas que colaborarían en la formación de los trabajadores afectados. Dicen los investigadores que en el marco de la causa de los ERE, la Intervención General del Estado está “finalizando” un informe sobre las subvenciones concedidas por la Junta como consecuencia del ERE de Delphi, por lo que pide que un testimonio de ese informe se incorpore igualmente a la causa de los cursos de formación. La Guardia Civil sigue actualmente recibiendo información sobre las cuentas bancarias de las empresas beneficiarias de las subvenciones que deben ser analizadas.

Por último, sobre la cuarta línea de investigación, la de Faffe, destaca que un informe de la Cámara de Cuentas mencionaba las supuestas irregularidades cometidas durante el proceso de concesión de subvenciones a varias empresas y fundaciones, encontrándose entre ellas la Faffe, fundación que según la propia Junta hay varias subvenciones que no han sido justificadas a día de hoy.

La Faffe, que se creó en mayo de 2003 y se integró en 2011 en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), fue uno de los “beneficiarios más destacados de fondos públicos destinados a la ejecución de acciones formativas”, por lo que una de las líneas de investigación se centra sobre esta fundación. Dice la Guardia Civil que ha comenzado a estudiar la concesión, tramitación y utilización de las subvenciones que la Faffe recibía de la administración andaluza para el desarrollo de estas acciones formativas. “Con el fin de determinar la existencia o no de una posible malversación de esos fondos, se hace necesario realizar un minucioso estudio sobre la composición, estructura, funcionamiento y financiación de esta fundación”, precisa el informe, que indicar que para lograr este objetivo se ha recabado distinta documentación relativa a la Faffe entre los años 2003 y 2011, entre la que se incluyen los nombramientos y cese de patronos, las actas, las modificaciones presupuestarias en la Consejería de Empleo relacionadas con la financiación de esta fundación, las cuentas y memorias anuales, y todos los movimientos de las cuentas bancarias en las que aparece Faffe como titular, así como todas las resoluciones de concesión de subvenciones destinadas a la Faffe y la relación de puestos de trabajo “detallada por centros”.

En cuanto al Servicio Andaluz de Empleo, la Guardia Civil recuerda que la “gravedad de las conclusiones” incluidas en los informes de control financiero permanente hizo que se tomara declaración a los interventores provinciales que los habían confeccionado, los cuales ratificaron sus conclusiones y aportaron datos que corroboraban los mismos.

Esta fase de la investigación concluyó en la denominada operación Barrado, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó en marzo pasado y en la que se detuvo a 16 personas, entre ellos nueve delegados y ex delegados provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

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