'caso ere'

La Junta ofrece a la juez Alaya sustituir las actas del Consejo por certificaciones de acuerdos relevantes

  • Le comunica que planteará un "requerimiento de incompetencia" ante el Tribunal Supremo si no acepta esta vía alternativa.

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La representación legal de la Junta de Andalucía ha ofrecido a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, sustituir las actas que reclama sobre los Consejos de Gobiernos de los últimos diez años por "certificaciones de acuerdos concretos que sean relevantes" para la investigación, lo que permitiría preservar el carácter "reservado" que acredita la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Según han informado fuentes del Ejecutivo andaluz, los letrados de la Junta han comparecido a la citación fijada por la magistrada, ante la que se han ratificado en los acuerdos adoptados el pasado martes 29 de marzo por el Consejo de Gobierno de ofrecer "vías alternativas" para que pueda conocer "idéntica información" a la demandada a través de la "certificación de acuerdos o informes concretos relevantes para la investigación" y no las actas de los Consejos de Gobiernos de los últimos diez años, una petición que la Junta considera "no motivada, indiscriminada y que vulnera la Ley del Gobierno".

En este sentido, los representantes legales de la Junta han trasladado a la juez Mercedes Alaya que, en caso de no aceptar estas "vías alternativas" para recabar la información, formulará un "requerimiento de incompetencia" ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, "en defensa de las potestades del Gobierno andaluz" por considerar que la juez "carece de jurisdicción para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas".

El Consejo de Gobierno de la Junta ya acordó el pasado 29 de marzo autorizar a sus servicios jurídicos a plantear este conflicto de jurisdicción en caso de que la magistrada no aceptase la fórmula alternativa basada en la "certificación de acuerdos o informes concretos relevantes para la investigación".

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