El PSOE-A ha defendido este martes que "sobran las razones, tanto de forma como de fondo", para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía, y se ha mostrado confiado en que el Tribunal Constitucional (TC) le "dé la razón" en esa iniciativa.

Así lo ha venido a trasladar el portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla en la que ha abordado ese recurso que 50 senadores socialistas formalizan este martes ante el TC contra una norma que, según ha denunciado, es "una muestra del ejercicio abusivo de la mayoría absoluta" por parte del Gobierno de Juanma Moreno (PP-A).

Josele Aguilar ha señalado que la Junta ha cometido "una chapuza desde el punto de vista jurídico" con este decreto-ley que es "un monumento a la incompetencia del Gobierno de Moreno", y en el que no se da el requisito de "extraordinaria y urgente necesidad" que justifique su elaboración, porque el Gobierno andaluz se ha llevado "año y medio" para aprobarlo desde que el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, lo anunciara "en septiembre de 2022", según ha abundado el representante socialista.

El portavoz adjunto del PSOE-A ha llamado la atención acerca de que el decreto "ya ha sido rectificado en cuatro ocasiones" por el propio Gobierno andaluz desde su aprobación en febrero, así como ha criticado el "uso y abuso de la legislación a través de decreto-ley" que, en su opinión, está cometiendo el Gobierno de Juanma Moreno, que "en dos años y medio ha aprobado 29 decretos leyes, frente a once leyes de tramitación parlamentaria ordinaria", según ha alertado antes de acusar al presidente de la Junta de "despreciar al Parlamento de Andalucía" y de "imponer su criterio" de la mano de la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A.

Al margen de esas cuestiones de forma, desde el PSOE-A entienden que hay "razones suficientes respecto del contenido" del decreto para justificar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, al pensar que en algunos puntos se exceden "los límites materiales marcados por el Estatuto" de Autonomía y "por la Constitución para los decretos leyes".

Además, ha criticado que es "un decreto-ley ómnibus en el que se incluyen normas que nada tienen que ver con la simplificación administrativa que dice regular", e incluye "modificaciones de normas reglamentarias" que, según ha agregado el portavoz socialista, "no caben a través del uso" de un decreto-ley, según doctrina del Tribunal Constitucional.

"Inseguridad jurídica"

Desde el PSOE-A también piensa que con este decreto "se invaden algunas competencias estatales", por todo lo cual entienden que el TC "terminará dando la razón a este grupo parlamentario" y "tumbando esta norma que lo que viene es a generar una gran inseguridad jurídica en el ordenamiento jurídico andaluz", según ha abundado Josele Aguilar.

En esa línea, el representante del PSOE-A ha negado --como, según ha criticado, venía a defender este lunes el consejero Antonio Sanz-- que la creación de empleo en Andalucía esté vinculada a este decreto, y frente a ello ha sostenido que la reducción del paro en la comunidad es consecuencia de "la buena situación económica general de España" y, "sobre todo", gracias a la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la que se situó el Ejecutivo de Juanma Moreno, según ha criticado.

Conflicto de competencias 

De igual modo, y a preguntas de los periodistas después de que el consejero de la Presidencia haya comentado este martes que el Gobierno de España ha planteado a la Junta la creación de un grupo de trabajo en el que abordar la posible modificación de un apartado de un artículo de dicho decreto de simplificación, Josele Aguilar ha confirmado que al PSOE-A le "consta que se ha planteado el conflicto de competencias por parte del Gobierno" central "en una materia relativa a la Ley del Suelo" en la que por parte del Ejecutivo cree que desde la Junta "invaden competencias" estatales a través de dicho decreto.

📢 El PSOE-A ha registrado una iniciativa en el Parlamento para solicitar un código ético para el Gobierno de Moreno Bonilla. ❌Preocupan mucho las situaciones que estamos conociendo de incompatibilidades de altos cargos y el uso abusivo del decreto ley.▶️ @JoseleAguilar pic.twitter.com/ggo9x3cUEr

— PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) May 7, 2024

El parlamentario socialista ha añadido que ese conflicto de competencias "tendrá su tramitación" y tendrá que ser resuelta entre ambos gobiernos, y en todo caso ha apuntado que "una cosa es el planteamiento que hace el Gobierno y otra el que podemos hacer los grupos parlamentarios de la oposición".

"El Gobierno lo que hace es examinar aquellas modificaciones que pueden invadir sus propias competencias, y ha encontrado y determinado que hay algunos aspectos, sobre todo de la Ley del Suelo, que invaden competencias estatales", ha continuado relatando el representante del PSOE-A, que ha puntualizado además que, siguiendo lo previsto en la Ley Orgánica del TC, "antes de acudir al Constitucional" a recurrir una norma autonómica, el Ejecutivo central plantea establecer una "comisión bilateral" con el regional de turno "para determinar entre las dos partes si hay o no esa invasión de competencias".

De esta manera, Josele Aguilar ha querido dejar claro que la conformación de esa comisión bilateral entre el Gobierno y la Junta no significa que el primero descarte interponer un recurso ante el TC si finalmente "entiende que hay esa invasión de competencias".

De igual modo, el portavoz adjunto del PSOE-A ha criticado que desde el Gobierno del PP-A acusen a los socialistas de querer "paralizar el crecimiento de Andalucía" con este recurso ante el TC cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se toma dos meses en remodelar su gobierno en algo tan esencial como son las políticas de agua y las políticas agrarias" por "una pura táctica electoral de no interferir en el proceso electoral de las elecciones europeas" que se celebrarán el 9 de junio, ha censurado.

Código de buen gobierno

Por otro lado, Josele Aguilar ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Cámara andaluza "una proposición no de ley" (PNL) en la que pide "la aprobación de un Código Ético y de Buen Gobierno" que sea "de aplicación para el Gobierno" de la Junta, "en función de las situaciones que estamos conociendo últimamente de incompatibilidades de altos cargos" del Ejecutivo autonómico, entre otras, según ha relatado.

Ha concretado que uno de los puntos incluidos en esa iniciativa pasa por "instar al Gobierno de Moreno a evitar el uso abusivo de la legislación a través del decreto-ley", y exigirle que cada uno de los decretos que la Junta remita al Parlamento dispongan del "informe jurídico en el que se evalúe y se justifique la extraordinaria y urgente necesidad" que lo motiva.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado y líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, también se ha pronunciado este martes sobre dicho recurso de inconstitucionalidad en una rueda de prensa en el Senado donde ha explicado que los 50 senadores de su grupo, entre los que se encuentra él mismo, procederán a formalizar este recurso en la mañana de este martes.

El líder de los socialistas ha esgrimido este martes los mismos motivos que utilizó en su comparecencia de este pasado lunes para argumentar este recurso de amparo contra el último decreto de simplificación administrativa de la Junta, y que coinciden con los que ha expuesto Josele Aguilar en su rueda de prensa en Sevilla.