CON los tipos de interés por los suelos y la bolsa retraída ante el panorama de incertidumbre general y política en particular, en el caso de España, no es de extrañar que los inversores hayan vuelto a mirar al mercado inmobiliario buscando amparo. Sobre todo tras el prometedor cierre de 2015, cuando las hipotecas crecieron en España un 17,9%, según el INE (algo más, según el Ministerio de Fomento) y un 15% en Andalucía, mientras que el precio de la vivienda lo hizo un 4,2% en España y un 4,5% en Andalucía. Se reforzaba la convicción de que las señales de reactivación, tras el desembarco de inversores internacionales en 2014, no habían sido un espejismo efímero. A lo largo de 2015 pudieron apreciarse sus efectos sobre la construcción, que siempre se presentan con bastantes meses de retardo, de tan importante trascendencia para la economía andaluza.

En cierto modo, las expectativas se han visto frustradas durante los meses transcurridos de 2016. Aunque durante los primeros meses se mantuvo el volumen del crédito hipotecario, las cifras han comenzado a contraerse, hasta llegar al mes de julio con una reducción del 19,7% (14,9%, según el Ministerio) , mientras que los indicadores de producción física, como el consumo aparente de cemento o el número de viviendas iniciadas, también han terminado por estancarse ¿Quiere esto decir que durante unos meses hemos asistido a una recuperación ficticia y que todavía habrá que demorar la recomendación de invertir en el sector durante algún tiempo?

De entrada parece razonable descartar cualquier amenaza evocadora de la burbuja especulativa. Por un lado, porque los bancos no pueden, ni quieren repetir tan dolorosa experiencia, pero sobre todo porque en las decisiones de inversión actuales pesan más las rentabilidades aseguradas sobre operaciones corrientes, que las expectativas de precio. De ahí la aparente bonanza que desprenden los operadores en el mercado de alquileres. Aunque las estimaciones difieren según la fuente, la mayoría de ellas coincide en que la rentabilidad no ha dejado de aumentar desde 2013 y que en 2015 se pudo llegar a superar el 8%, incluyendo ganancias de capital derivadas de la evolución de los precios. Frente a ello, la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo sigue estando por debajo del 2%, los depósitos bancarios en el 0% y en el mercado de valores las pérdidas durante el paso año superaron el 7%. Con este panorama, no es de extrañar el creciente atractivo para los inversores, tanto españoles como extranjeros, de las Socimis (sociedades cotizadas para la inversión en el mercado inmobiliario). Para alejar tentaciones especulativas, se les exige un capital mínimo de 5 millones de euros, mantener las inversiones en inmuebles durante tres años al menos y en el mercado de alquileres, además de repartir como mínimo el 80% de los beneficios. De las 29 que actualmente operan en España, ninguna tiene su campo principal de operaciones en Andalucía y su presencia se limita a la gestión de un reducido número de activos. Algo que puede sorprender, pero que probablemente hay que interpretar en el sentido de que el desembarco no tardará en producirse.