La Fiscalía de Málaga ha solicitado al juzgado de instrucción número 3 de Coín que considere al propietario de la vivienda de la zona de Barranco Blanco, donde se originó el grave incendio ocurrido el verano del año pasado y que calcinó más de 8.000 hectáreas de seis municipios, como responsable civil subsidiario del siniestro. El dictamen remitido por el fiscal al juez que investiga el caso, según explicaron fuentes judiciales, se basa en la supuesta relación laboral que existía entre el dueño de la casa donde tuvo origen el fuego, de nacionalidad belga y que ese día ni siquiera estaba en España, y el presunto autor de la hoguera que lo propició y que supuestamente trabajaba como jardinero en la finca.

La decisión del ministerio público se produce a raíz de la petición de una de las compañías aseguradoras que ha tenido que abonar parte de los daños causados por el incendio a sus asegurados y que solicitaba que se preguntase al propietario de la vivienda, donde trabajaba el único imputado, si tenía seguro en el momento de los hechos. En el caso de que se determine la existencia de un seguro, la responsabilidad civil podría recaer sobre la compañía aseguradora con la que lo tuviera contratado. Pero si no sería el dueño el que tendría que responder.

Pero antes habrá que terminar de cuantificar los daños que provocó aquel incendio y que a su paso arrasó decenas de viviendas, vehículos, infraestructuras urbanas, parajes naturales de enorme valor ecológico y la vida de dos personas que fueron sorprendidas por el fuego, mientras que otro hombre sigue en estado muy grave ingresado en un hospital de Alemania. Es la causa de que el procedimiento, que acumula ya 7.000 folios y 24 tomos derivados de la investigación, se esté dilatando en el tiempo dada la complejidad de recabar todos los informes periciales que permitan determinar a qué cifra ascienden los destrozos provocados por el fuego que partió desde la finca identificada por la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF).

Esta finca está formada por dos viviendas, una habitada por temporadas por el propietario y la otra alquilada a otros forasteros que presuntamente tampoco estaban en la casa en el momento en el que se declaró el incendio. La investigación se centró entonces sobre las personas que pudieron tener acceso a la finca para realizar las tareas de poda de los árboles que la adornaban y fue cuando todas las miradas se dirigieron a un joven vecino de Alhaurín el Grande que trabajaba como jardinero, y que fue detenido un mes después del siniestro.

Tras comparecer ante la jueza quedó en libertad, pero imputado por los presuntos delitos de incendio, homicidio por imprudencia y lesiones al haber supuestamente realizado una quema de restos vegetales a pesar de ser una actividad totalmente prohibida durante la época de mayor riesgo en zonas forestales y zonas de influencia forestal como era el lugar donde se originó este fuego, por lo que se le impuso la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes y la prohibición de salir de España.

El detenido negó ante la jueza que quemara la poda que había hecho ese día, a pesar de que los investigadores apuntaron a que el imputado trató de quemar esos restos por la mañana y que debido a que estaban demasiado verdes no prendieron y se fue sin asegurarse de que no quedaba ningún resto incandescente. El jardinero dijo, además, que nunca realiza quemas y manifestó que ese día estuvo haciendo labores de limpieza y arreglos, como regar el césped.

Pero el ministerio público se ha manifestado tan sólo hace unas semanas en contra de la petición de sobreseimiento solicitado por parte de la defensa del presunto autor del siniestro y el único imputado en esta causa, al considerar que según lo actuado hasta ahora hay indicios para que se siga investigando en el marco de estas diligencias.

En el mismo dictamen, la Fiscalía también solicitó al juez que encargue al Instituto Geológico y Minero un informe pericial para conocer si ha habido afectación de las aguas subterráneas de la zona a raíz del incendio.