La Plataforma Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía (Save Our Homes in Axarquía) no está dispuesta a perder más el tiempo. Desde que se constituyeran en 2008 han defendido la legalidad de las viviendas que compraron con las pertinentes licencias municipales que avalaban el cumplimiento correcto de todas sus obligaciones. También de sus derechos como propietarios de un inmueble que entre otros documentos contaban con licencias de obras y de primera ocupación. Sin embargo, estos fueron expedidos por muchos ayuntamientos de forma irregular ya que en ningún caso deberían haber cursado dicha autorización porque se encontraban en suelo no urbanizable. Según datos oficiales, en esta comarca malagueña habría casi 13.000 construcciones en esta situación. Muchas de ellas, si no lo remedia la modificación anunciada del decreto para la regularización de viviendas irregulares por la presidenta de la Junta, Susana Díaz el pasado mes de septiembre, podrían ser demolidas.

Desde entonces, el colectivo SOHA ha trabajado en diferentes propuestas para conseguir salvar a la mayoría de estas viviendas que fueron adquiridas por "compradores de buena fe", y en caso de que no exista marco legal para hacerlo que estos se vean recompensados económicamente con una indemnización. "Los ayuntamientos que ha autorizado estas viviendas tienen una responsabilidad patrimonial, y la Junta de Andalucía es responsable subsidiaria. No hay dinero para compensar a todos estos compradores de buena fe pero sí que tengan derecho a indemnización como recoge el artículo 189 de las administraciones públicas", explicó Mario Blancke, portavoz de Soha. Por eso ya han tenido contacto con representantes del PP, PSOE e IU en el Congreso y en el Senado para trabajar en un texto para que se modifique el Código Penal. "Al mismo tiempo que trabajamos con la comunidad andaluza y se produce un goteo de demoliciones, sobre todo en la zona de Almería, hemos elevado la problemática al Estado pidiendo amparo. La idea es que cuando un juez estima que la compra fue de buena fe, y por tanto, hay derecho de compensación, que la demolición no proceda hasta que se haga la indemnización efectiva", detalló Blancke para quien sería una injusticia "dejar a la víctima sin medios para comprarse otra". "La mayoría son personas que han invertido todo su dinero aquí y es su primera residencia. No los podemos dejar en la calle", apostilló el también edil de Urbanismo de Alcaucín quien insistió en que "ninguno de ellos cuestionó que los permisos que salían del Ayuntamientos fuesen ilegales". "¿Quién iba a pensar que había una connivencia entre constructores, promotores y ayuntamientos?", se preguntó.

En el caso de este municipio axárquico alrededor de 300 viviendas tienen expedientes abiertos que podrían implicar la nulidad de las licencias que autorizaron y su posterior demolición. Si se establece un valor medio de 300.000 euros, el coste sería de 90 millones de euros. Alcaucín tiene un presupuesto anual de 2,5 millones de euros. En La Viñuela, rondan el medio centenar de expedientes. "Sería un gran problema para los ayuntamientos tener que anular esas licencias y sería la ruina para todos los pueblos de Andalucía donde ha ocurrido, y son muchos", afirmó Blancke.

Paralelamente SOHA continúa trabajando en lo que es su objetivo principal: salvar todas las viviendas. Para ello está ultimando un borrador para presentar a la Junta de Andalucía relativo al anteproyecto anunciado por Díaz para ampliar el ámbito de aplicación del proceso de regularización. Si bien, en septiembre se anunció que podrían incluirse las reparcelaciones siempre que no estuvieran en suelo protegido o tuvieran abierto un expediente judicial o administrativo. Una disposición transitoria que la plataforma no está dispuesta a admitir. "Esto no tiene sentido porque de alguna forma nos están obligando a prevaricar. Si hemos hecho un inventario y las hemos clasificado en el PGOU, esto significa que sabemos que están, por tanto, deberíamos abrirle expedientes, y si lo hacemos, no se regularizan. Es la pescadilla que se muerde la cola", criticó el también concejal de Urbanismo de Alcaucín quien pide que estas construcciones sean declaradas irregulares pero con el régimen legal de fuera de ordenación. " Lo que pedimos es adaptar la Ley a la realidad social. Estamos esperando que los políticos dejen de defraudarnos y pasen a sorprendernos", agregó Blancke quien a pesar de quejarse de la lentitud de la tramitación del anteproyecto confesó tener "un optimismo moderado" ante la proximidad de las próximas elecciones municipales. "Somos un grupo muy importante y numeroso y en algunos pueblos de interior podemos tener la llave", recordó Blancke quien indicó que el próximo 21 de enero se reunirán en Asamblea para decidir si se presentan como partido independiente, si se integran en las filas de los grandes partidos o de otros minoritarios. Soha lo componen más de 400 socios de cuota y otros 400 que han designado como "amigos". En los últimos seis meses se han incorporado a sus filas un buen número de residentes locales.