Apenas faltan tres meses para que entren en vigor los nuevos cánones que impondrá la recién aprobada Ley de Aguas para lograr el pago de un precio unitario por este recurso y hay muchos municipios donde será prácticamente imposible hacerlo a tiempo. La falta de infraestructuras y una gestión deficitaria en materia de agua hacen que sea una auténtica utopía la aplicación de la nueva normativa en los pueblos, sobre todo del interior de la provincia de Málaga, donde en muchos casos aún no tienen ni contadores instalados o los que hay funcionan de forma inadecuada.

Pero la obligatoriedad de cobrar las nuevas tarifas para la financiación de infraestructuras de depuración a partir del año que viene en todos los municipios por igual resulta aún más paradójico porque en el caso de la provincia de Málaga aún hay 45 municipios que ni siquiera tienen depuradora y aún así los ayuntamientos tendrán que obligar a los usuarios a pagar este canon.

Según las fuentes consultadas por este periódico, la situación en materia de agua en numerosos municipios de la provincia, especialmente los más pequeños, es "precaria" porque aún hay algunos que únicamente cobran a sus ciudadanos un precio simbólico por este recurso al no contar con contadores fiables a la hora de estimar el consumo real de agua o incluso los que tienen integrado esta tarifa en otros impuestos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como algo complementario. Las deficiencias que aún hoy en día se siguen detectando en la gestión municipal de los recursos hídricos favorecen incluso, según las mismas fuentes, los enganches fraudulentos a las redes de abastecimiento y que en muchos de estos municipios el consumo por habitante sea hasta cinco veces superior comparado con los más grandes.

La propia delegada provincial de Medio Ambiente, Remedios Martel, reconoció que la Junta es consciente de esta situación y aseguró que la aplicación de la ley se hará de forma gradual en los próximos cinco años "para que dé tiempo a que normalicen la prestación del servicio". El objetivo, explicó, es "ir hacia estándares de calidad y de homogeneización porque además nos obliga la directiva comunitaria", pero también defendió el canon porque los ayuntamientos "podrán así recaudar el dinero necesario para llevar a cabo precisamente la mejora de sus instalaciones".

Pero el diputado provincial de Medio Ambiente, Miguel Esteban Martín, explicó que en estos municipios la aplicación de la Ley de Aguas supondrá "un gran impacto debido al importante déficit que tienen en lo que se refiere a abastecimiento y depuración". Según la nueva norma, los ayuntamientos estarán obligados a cuatro cánones en la factura del agua que les cobren a sus ciudadanos a partir del 1 de enero. El primero será para la mejora de las infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la comunidad autónoma y contempla dos tipos de cuotas. Una fija para el consumo doméstico que supondrá un euro más al mes para el usuario, y otra variable en función del consumo. Es decir, hasta diez metros cúbicos por vivienda al mes se tendrá que aplicar un recargo de diez céntimos por cada metro cúbico, veinte céntimos cuando los domicilios gasten entre diez y 18 metros cúbicos, y 60 céntimos cuando el consumo esté por encima de los 18 metros cúbicos. El precio para el uso no doméstico del agua será de 25 céntimos por metro cúbico, según la nueva Ley de Aguas.

Para el resto de los cánones (de regulación y tarifa de utilización de aguas, de servicios generales y de mejora de infraestructuras hidráulicas que será competencia de las entidades locales), aún no se ha fijado una cuantía específica. Sin embargo, el PP calcula que supondrá una subida del recibo del agua en torno a una media de del 40%. Eso supondrá, según la portavoz del PP-A de Medio Ambiente en el Parlamento andaluz, Carolina González, una recaudación por parte de la Junta de Andalucía en torno a los 800 millones de euros en los próximos cinco años "para así poder gastarlo en esa burocracia ineficaz que ha creado en torno al agua". Así, denunció que se use a los ayuntamientos como "cobradores del frac y que sea ellos los que tengan que asumir el coste político de la subida indiscriminada del precio del agua".