LAMPEDUSA es una isla italiana al sur de Europa, de la región de Sicilia. Más próxima a Túnez y Libia que a Italia. Es pequeña, preciosa. De apenas cuatro mil habitantes. Muy atractiva para el turismo por sus playas, acantilados y reservas naturales. Es también algo más. Es un gran ejemplo del sufrimiento que generan las diferencias norte-sur en nuestro planeta. Y de cómo lo único que hacemos los ricos por protegernos son fronteras, vallas y militarización del espacio marítimo. Lampedusa es también el lugar de una de las mayores tragedias recientes: el pasado 3 de octubre de 2013 una embarcación con más de 500 personas naufragó frente a las costas de esta isla. El resultado: 130 muertos y 250 desaparecidos. Fue el último caso que conmocionó a la opinión pública italiana y europea; no el único. Y esto debe cambiar. Lo dice alto y claro la propia alcaldesa de Lampedusa, Giusi Nicolini: "Más de 20.000 personas han perdido la vida en nuestras costas y alguien tiene que pagar por esto".

Porque Lampedusa no es sólo un símbolo de todas las muertes que la política de control de fronteras de la Unión Europea está generando. Es también es un signo de esperanza, un ejemplo de que hay otra manera de hacer las cosas. Cuando escuchas hablar a Nicolini, la esperanza vuelve a aparecer: te das cuenta de que no todos los políticos utilizan a las personas que pierden su vida o la arriesgan buscando una vida mejor con el objetivo de ganar votos o para sus intereses económicos. Observas que también hay una clase política honrada, capaz de defender los derechos de sus paisanos y paisanas sin pisotear a los extranjeros que llegan a su isla y que practican una acogida ejemplar. Esta mujer está llena de fortaleza. No se corta ni un pelo para acusar de asesinos a los estados europeos y a la Unión Europea. También es fuerte el pueblo que representa: en 2011 la población de la isla se triplicó con la llegada de personas inmigrantes en embarcaciones, pero los ciudadanos locales no respondieron con odio, rechazo, racismo o xenofobia hacia el extraño, sino que lo hicieron con acogida, apoyo, ayuda, solidaridad. Palabras que en aquellos momentos adquirían más significado que nunca.

Acudí a Lampedusa invitada a participar en unas jornadas denominadas Lampedusa, ciudad de Europa. Por una Europa de hombres, mujeres, dignidad y derechos. Fue hace unos días. Allí hablé de Ceuta y Melilla, del Estrecho, de las Islas Canarias. Analizar sólo los últimos diez años de la frontera sur de nuestro país sirve para obtener una amplísima lista de barbaridades y vulneraciones de los Derechos Humanos que este país ha cometido con el beneplácito y apoyo de la Unión Europea. Y, lo que es peor, con el apoyo de la población en general. O, al menos, sin su rechazo generalizado. Los casos son innumerables. Los 15 muertos en la playa del Tarajal en Ceuta cuando intentaban llegar a nuestro país en febrero de 2014 o las dos personas que murieron en septiembre de 2007. Solicitantes de asilo expulsados en la misma frontera. Menores bajo la tutela de las administraciones españolas expulsados sin posibilidad de defenderse. Embarcaciones hundidas por embestidas de patrulleras españolas. Inmigrantes abandonados a su suerte en el desierto de Marruecos o Mauritania. Repetidos esfuerzos por reforzar vallas que solo sirven para crear más sufrimiento en las personas que intentan saltarlas.

Económicamente, por poner un ejemplo en tiempos de crisis, cuesta menos acoger a las personas inmigrantes que llegan a través de estas fronteras que expulsarlas con operaciones como Frontex, Mare Nostrum o Plan África. Y todo ello para evitar una inmigración de unos cuantos miles de personas, una cifra que no alcanza ni el 10% de todas las que llegan a nuestro país, al que ven como un lugar de tránsito. Eso no lo sabe todo el mundo. Por ello es necesario que la ciudadanía esté bien informada, que todos y cada uno de nosotros y nosotras transmitamos la información que tenemos, ya que la que trasladan los medios de comunicación y los políticos es, en la mayoría de las ocasiones, sesgada o manipulada.

Como ciudadanos y ciudadanas, creo que hay cosas que no es que podamos hacer, sino que no podemos dejar de hacerlas. Debemos exigir a los políticos que nos representan y a los medios de comunicación que trasladen una información veraz. Apoyar a las personas y entidades que se atreven a demandar y denunciar jurídicamente y públicamente estos hechos. Hablar alto y claro. Hacernos escuchar en los juzgados, en los medios, en las calles. Tenemos el deber de hablar por todos los sin voz, por todos los que se ahogaron o fueron expulsados al desierto, condenados a muerte en sus países. Tanto sufrimiento no puede quedar en el fondo del mar. Tantas vidas arruinadas no pueden ser para nada.