PASAN los años y los lustros y seguimos enganchados al eterno dilema de qué hacer con las 60.000 o más viviendas ilegales que se levantan, muchas de ellas desde hace décadas, en suelo no urbanizable. La última decisión de la Administración autonómica ha sido el anuncio de la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para que puedan prescribir las infracciones cometidas en suelos parcelados lo que en la actualidad impide la norma. Es decir, se cambiará una regla que establecía que ese tipo de construcciones era ilegales de por vida y ahora sólo lo serán durante un ratito y luego se les permite que vuelvan al redil con el resto.

El Gobierno andaluz acaba de hallar la piedra filosofal que a partir de ahora le permitirá poner orden en el urbanismo. Como a la vista de que las casas crecen como hongos, sobre todo en la Axarquía, el Guadalhorce y Mijas, y controlar esa selva urbanística resulta una quimera, se acuerda un periodo prudencial de tiempo para combatir oficialmente los despropósitos y una vez consumados como sucede en todos los casos, se legalizan los hogares. Eso sí los propietarios deben cumplir como penitencia pasar unos años en el limbo jurídico.

Al fin y al cabo, como denunciaban estos días los dueños de casas irregulares en la comarca oriental malagueña, ninguna administración sienten el más mínimo pudor a la hora de cobrarles los impuestos, por más que sus inmuebles se asienten sobre suelo rústico.

El PSOE defiende que la ley discriminaba a la hora de las prescripciones a los suelos parcelados frente a los otros. Ahora como diría la antítesis del proverbio todo el monte sí que es orégano. Después de los desmanes del gilismo -por cierto las más de 30.000 viviendas fuera de la ordenación ahí se han quedado- la mala conciencia del Gobierno andaluz provocó que en pocos años lanzase al mercado de la opinión publica una compleja panoplia legislativa con la que se quería evitar nuevas barbaridades urbanísticas y por ende combatir la corrupción: leyes de suelo, LOUA, planes de ordenación del territorio para Andalucía y hasta para las aglomeraciones urbanas. Prohibición de construir sobre pendientes, en zonas aisladas o incluso de regular el crecimiento de los municipios tentados por poner a la venta todo su suelo. Luego también se promulgó un plan litoral para proteger de más ladrillos a la franja costera. Y con delitos que nunca prescribirían

Pero la realidad es la que es. Toca dar marcha atrás con disimulo y con prisas porque la principal alternativa para el crecimiento económico andaluz es la construcción. Sostenida mejor que sostenible.