LAS negociaciones entre PSOE e Izquierda Unida para acordar los Presupuestos de la comunidad autónoma andaluza del año 2015 han estado esta vez mediatizadas por las diferencias entre los dos socios del Gobierno de coalición acerca de la creación de un banco público que figuraba en el programa pactado por ambos en 2012. No han faltado las tensiones, porque la pretensión de IU de que la nueva entidad financiera tuviera las características de un banco tradicional, que competiría con los bancos privados y sería un instrumento en manos del poder político para cambiar el modelo productivo de Andalucía, ha chocado directamente con la posición de los socialistas, con la presidenta Díaz a la cabeza, partidaria de rebajar el contenido y la capacidad del mismo. Finalmente, las negociaciones han dado como resultado un anteproyecto de ley para la creación de una especie de ICO regional, el Ente de Crédito Andaluz, destinado a la financiación especializada de pymes, autónomos y entidades de la economía social. Aunque la coalición izquierdista insiste en ver en el ECA el germen de un potente banco público con gran margen de actuación y una vocación de claro intervencionismo, lo cierto es que la Consejería de Hacienda ha establecido con claridad las limitaciones del ente: sus clientes serán sólo empresas, no particulares. La modestia de su presupuesto, que sólo puede ser engordado por los fondos públicos que hasta ahora están en manos de las distintas consejerías y empresas públicas, lleva a pensar que su margen de actuación va a ser limitado. Aunque se proponga oficialmente canalizar créditos hacia las pymes y autónomos en condiciones más favorables que las que dicta el mercado, la manga ancha y la asunción excesiva de riesgos lo conduciría a medio plazo a la ruina. La captación de mayores recursos, por otra parte, ha quedado en la indefinición, pero las opciones no son nada halagüeñas. Si se decide por la emisión de deuda propia de la Junta, su calificación es negativa y resultaría muy caro pagar los intereses que los inversores exigirían. Si la opción es dotar al ECA con los recursos de la comunidad autónoma, la consecuencia también deja mucho que desear: habría que detraerlos de otras necesidades contempladas en los Presupuestos (salvo los fondos europeos, con los que ya se cuenta de todos modos). En definitiva, tal vez IU pueda por razones de imagen ante su electorado presumir de que ha logrado poner la semilla de un banco público fuerte y transformador, pero la realidad dista mucho de esta presunción. El ECA será un ente de alcance limitado y resultados modestos, como quería el partido mayoritario en el Gobierno andaluz.