La Fiscalía reprende a los imputados de las tarjetas B: "Ser consejero es serio"

  • Ve "absurdo" que aleguen que nunca fueron apercibidos por los responsables de Caja Madrid, cuando eran precisamente éstos quienes daban las visa.

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La Ficalía Anticorrupción ha advertido a antiguos miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid que se encuentran imputados en la Audiencia Nacional por el uso de las tarjetas black: "Ser consejero es un asunto serio y no se trata de rellenar el Consejo con personas dispuestas a ser plegables instrumentos en manos de ejecutivos".

Así figura en el escrito, presentado por el fiscal Alejandro Luzón contra los recursos interpuestos por los ex consejeros Gonzalo Martín Pascual y Rodolfo Benito contra su citación como imputados por indicios de delitos de administración desleal y apropiación indebida.

El representante del Ministerio Público defiende que el juez Fernando Andreu ha acordado sus comparecencias cumpliendo todos los trámites procesales y sin ocasionar "merma" alguna en sus derechos fundamentales. Recuerda que sus interrogatorios no afectan al ejercicio de sus derechos, entre los cuales pueden interesar el sobreseimiento de la causa. Además, tilda de "absurda" la alegación de varios ex consejeros argumentando que nunca fueron recriminados, sancionados o apercibidos por los máximos responsables de Caja Madrid en el uso de las visa opacas. "La alegación deviene absurda desde el momento en que fueron presuntamente dichos máximos responsables quienes decidieron su emisión y entrega y ellos mismos eran también usuarios de las tarjetas", expone.

Luzón pone de relieve que "no consta" que la Agencia Tributaria tuviera conocimiento de las circunstancias de la emisión de las tarjetas, su finalidad y su opacidad fiscal, "siendo en todo caso irrelevante, fuera del ámbito tributario, la consideración que la Administración Tributaria concediera a las mismas de cara a la existencia de un posible delito de administración desleal".

El fiscal invoca la doctrina del Tribunal Supremo para dejar claro que los administradores deben ser capaces de identificar los "asuntos clave" que afectan a la entidad al margen de que las facultades de administración se encuentren delegadas. "Las leyes mercantiles, los códigos de buen gobierno corporativo, la normativa mercantil imponen unas estrictas obligaciones de vigilancia puesto que 'ser miembro de un Consejo de Administración es un asunto serio' y 'no se trata de rellenar el Consejo con personas dispuestas a ser plegables instrumentos en manos de ejecutivos'".

Gonzalo Martín Pascual, ex secretario de política regional de UGT en Madrid, y Rodolfo Benito, el representante de CCOO,  cargaron 129.700 y 140.600 euros, respectivamente. En el marco de esta investigación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 mantiene imputados a 82 antiguos miembros del Consejo de Administración y ex directivos de Caja Madrid, entre ellos los ex presidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato o el ex director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj. Los primeros 27 ex consejeros declaran esta semana.

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