La Ley de Hacienda Pública de 2010 indica expresamente que para que las entidades públicas reciban inversiones mediante transferencias directas, éstas deben figurar en la ley de presupuestos. Lo cierto es que ninguna de las cuatro orquestas andaluzas consta en esta normativa, así que ninguna de ellas puede recibir ya dinero de la Junta a través de los presupuestos, únicamente mediante subvenciones nominativas. Esta circunstancia sólo puede obedecer a uno de los siguientes casos: o bien la Junta de Andalucía ya tenía previsto que las orquestas se acogieran al régimen de subvenciones en 2010 y no lo ha revelado hasta ahora, o bien se produjo un olvido que se ha intentado subsanar aplicando el único medio de financiación pública posible en tal caso. Siempre que se le ha preguntado al respecto a Paulino Plata, el consejero ha respondido que el cambio obedece a una recomendación del interventor en pro de una mayor transparencia en la actividad de las orquestas sinfónicas, pero lo cierto es que toda la documentación de la OFM ya está fiscalizada por el interventor de la Junta, por lo que, de tener que llevarse a cabo una nueva fiscalización a cuenta de las subvenciones, ésta se produciría en el ámbito de ejercicios ya fiscalizados. También resulta paradójico que las subvenciones deban solicitarse ahora a la Dirección general de Cultura, que se había encargado de la tramitación de las inversiones presupuestarias hasta 2011, cuando pasó a hacerlo la Agencia Andaluza de Industrias Culturales. La redefinición apresurada de las funciones de estos organismos revela un caos burocrático que parece estar en el origen del asunto.