EN la semana en la que por fin José Antonio Griñán ha desvelado que las elecciones andaluzas se celebrarán dentro de diez semanas, se ha conocido un nuevo escándalo en las subvenciones de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que se suma a lo que vamos conociendo sobres los ERE y otras actuaciones fraudulentas en el mismo corazón del Gobierno regional socialista.

Este nuevo escándalo supone un salto cualitativo en este turbio asunto que cada día huele peor. Esta vez ha sido el conductor del todopoderoso director general de Empleo, durante nueve años y tres consejeros diferentes, a quien le habían concedido, en un mismo día, tres subvenciones por un importe total de 1.350.000 euros para empresas creadas por él mismo.

En este asunto que parece que no tiene fin, en el que pueden quedar muchas cosas por conocer, escandaliza todo pero especialmente el hecho de que se pudieran conceder cantidades millonarias sin que se justifique el destino que de ese dinero público se hizo y que además, en este caso, se utilizara para la compra de inmuebles, ropa, música y telefonía, además de para fiestas, copas, cocaína y para los bolsillos del cargo público socialista que las concedía graciablemente. Siendo insólito y muy grave que se utilizara el dinero para el apoyo al empleo en comprar cocaína, peor aún es comprobar que un individuo que ha tenido ese importante cargo en la Junta durante tanto tiempo y con diferentes consejeros, repartiera millones de euros sin que mediara control alguno. Llama poderosamente la atención que por parte de la Administración autonómica aún no se hayan reclamado las cantidades recibidas irregularmente por el famoso conductor.

Lo sorprendente es que este escándalo, diga lo que diga Griñán, se vaya conociendo por la actitud profesional, decidida y valiente de la juez Mercedes Alaya que, a partir de la investigación del asunto Mercasevilla, ha iniciado varias piezas separadas en la instrucción sumarial que están poniendo al descubierto el asunto de corrupción más grave que nunca se había producido en nuestro país.

Cada vez se comprende con más claridad que Griñán se haya negado reiteradamente a que se investigase este asunto en el Parlamento andaluz. Ha tratado de evitar que lo que poco a poco se va conociendo saliera a la luz, al menos antes de las elecciones andaluzas, con la finalidad de que no fuera la puntilla que le faltaba a su gobierno para ser enviado por los andaluces a la oposición.

Treinta años de régimen, donde el poder lo ha querido ocupar todo y en los que se han desmantelado muchos de los instrumentos de control sobre el uso del dinero público tienen bastante que ver con esta cascada de escándalos.

Poner fin a todo esto y cambiar las cosas está en nuestras manos el 25 de marzo.