Protesta sindical a medio gas

LAS manifestaciones convocadas por las centrales sindicales mayoritarias, el martes en Madrid, Barcelona y Valencia y ayer en Andalucía, contra la reforma del actual sistema de pensiones han registrado una participación escasa, especialmente si se tiene en cuenta la gravedad del recorte alegada por los convocantes. Da la impresión de que las organizaciones sindicales no están seguras de la justificación objetiva de la protesta y en realidad sólo han pretendido dar un aviso amigable al Gobierno para hacerle desistir de sus propósitos. Hay que subrayar que el propio Gobierno ha aguado su intención inicial, contenida en el documento de austeridad y ajuste remitido a la Unión Europea y cambiado sobre la marcha, al eliminar el propósito de incrementar la base temporal que se utiliza para calcular la cuantía de las pensiones y reducir la reforma al retraso de dos años en la edad de jubilación de los trabajadores. Horas antes de las primeras movilizaciones, el propio presidente Zapatero se encargó de descafeinar esta última propuesta, resaltando que cualquier medida que se adopte se hará en base a la negociación y el consenso con los mismos sindicatos. Más allá de estas circunstancias coyunturales, hay que decir que la reforma de las pensiones constituye una necesidad a medio plazo para garantizar que el sistema sea viable a partir de la próxima década, como aseguran todos los expertos consultados y se debate en los países de nuestro entorno que se enfrentan a un problema similar. El envejecimiento de la población, que vive mucho más tiempo que hace décadas, y el retraso en la incorporación al trabajo de las nuevas generaciones provocan que, en estos países desarrollados, cada vez hay menos población activa en disposición de producir recursos con los que afrontar el pago de las pensiones de cada vez más población inactiva. Eludir el problema a la espera de que el sistema termine colapsandose dentro de unos años sería una muestra de oportunismo e irresponsabilidad intolerables. El Gobierno no puede retroceder ante esta reforma, por mucho que moleste al sindicalismo organizado que, por otra parte, tampoco parece muy convencido de salir a la calle en contra.

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