LA reciente conferencia política del Partido Popular, aparte de un chute de ánimo para una militancia alicaída por los sucesivos reveses electorales, impulsó algunas iniciativas loables, como la elección directa de los candidatos -aunque rehuyendo la palabra "primarias"- y la limitación de mandatos de los cargos públicos. Ambas dependen exclusivamente de la voluntad de la dirección del PP. En última instancia, de la voluntad de Mariano Rajoy.

Otra propuesta, en cambio, han tratado de materializarla a toda prisa, presentando una proposición de ley en el Congreso para favorecer que gobierne la lista más votada en las elecciones municipales. Es precisamente la menos viable a corto plazo. De hecho, todos los grupos de la oposición la han rechazado.

No por el fondo de la cuestión. La idea de que haya una prima a la candidatura que quede en primer lugar en cada ayuntamiento y obtenga cierto porcentaje de votos o la idea de que se celebre una segunda vuelta entre las listas mejor colocadas -en ambos casos, claro está, si es que no hay mayoría absoluta de concejales para nadie- son respetables, legítimas y probablemente se acaben imponiendo. En aras de la gobernabilidad y el máximo respeto posible a lo que expresan los ciudadanos en las urnas.

El problema es de oportunidad. Por un lado, no da materialmente tiempo a que el Congreso debata este cambio fundamental en la legislación electoral. Al Congreso le quedan, en el actual mandato, dos pelados, como quien dice, uno de ellos nada menos que el de los presupuestos de 2016. Por otro, y vinculado con el anterior, las leyes que regulan las elecciones, que necesitan consenso para ser sólidas y duraderas, no deben discutirse y aprobarse en vísperas de unas elecciones, de cualesquiera elecciones, con la vida política marcada por la rivalidad y la necesidad de diferenciarse de unos y otros partidos. El diálogo se hace prácticamente imposible.

El PP es reincidente. Antes de las últimas elecciones municipales, cuando ya adivinaba que perdería sus mayorías en muchos ayuntamientos, lanzó la oferta de reformar la ley electoral... de las municipales. Claro, nadie le hizo caso. Se le veía en exceso el ansia de adaptar la norma a sus intereses coyunturales. Así no hay manera.

El mejor momento para modificar la legislación electoral es precisamente después de que acabe el ciclo de elecciones que nos ha caído encima. Después del otoño.