¿Deben desaparecer las diputaciones provinciales? ¿Es realmente efectivo su trabajo? La crisis económica y la necesidad de reducir el gasto público, logrando el mayor grado de productividad y eficiencia posible, ha vuelto a abrir un debate social y político que no sienta nada bien ni a los empleados ni a los pequeños municipios pero que se repite cada vez que las Administraciones exigen a los ciudadanos que se aprieten el cinturón.

La Diputación de Málaga es histórica y tiene entre sus cometidos ayudar a los municipios con menos de 20.000 habitantes. Construye carreteras y otras infraestructuras, hace informes arqueológicos, elabora planes urbanísticos para los pequeños municipios, fomenta la cultura o el deporte, promociona el turismo a través del Patronato de Turismo de la Costa del Sol... Tiene centenares de funciones que no son muy conocidas entre los habitantes de las grandes ciudades, hasta el punto que el organismo cuenta este año con un presupuesto de 261 millones de euros.

En el polo opuesto, es una institución con unos 1.500 funcionarios, tremendamente politizada y sobre la que lleva cayendo la sombra de la sospecha de casos de corrupción y enchufismo desde hace lustros. La última gran polémica entre PSOE y PP se produjo hace apenas dos años, cuando ambos partidos se acusaron mutuamente de colocar a familiares y amigos. También se afirma que la Diputación es el muy bien remunerado retiro de todos aquellos políticos que se han quedado sin puesto en otras instituciones. El nuevo presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha asegurado que presentará un plan de austeridad en el que se contemplará, entre otros apartados, la reducción de cargos de confianza y de sueldos, entre ellos, el del suyo propio entre un 15 y un 20%.

La diputada de IU Toni Morillas, en pleno debate de investidura celebrado el pasado 23 de junio, reclamó la eliminación de la Diputación y volvió a reabrir la polémica. Aunque chocara que nada dijera ella cuando fue cargo de confianza del organismo ni tampoco su partido, que ha estado en el gobierno provincial ocho años. El socialista Juan Fraile, presidente del ente entre 1999 y 2003, lo tiene claro: "Hay que preguntárselo a los pequeños ayuntamientos de la provincia porque aquí habla todo el mundo pero nadie ha pasado por la situación. A todo el que habla de memoria lo que hay que hacer es mandarlo una temporada a un pueblo pequeño del interior, ver el papel que la Diputación juega en esos pueblos y luego se le pregunta qué le parece el papel de Diputación". Fraile cree que "los debates vacíos sobre elementos teóricos están muy bien, pero cuando la Diputación tiene dos siglos de existencia será por algo". "Seguramente se han perdido oportunidades de haber hecho cosas que ahora será mucho más complicado hacer, pero desde luego nadie pensará que vamos a quitar la Diputación y echar a 1.500 funcionarios. Cuando el diablo no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo y ahora la mosca se llama Diputación y nos ha tocado", añade.

Enrique Linde fue el primer presidente de la Diputación con la vuelta de la democracia, entre 1979 y 1983. Reconoce que la institución "no ha encontrado su sitio indiscutible porque ha abarcado mucho y ha apretado poco". En su opinión, es un organismo "necesario" pero critica que "ha habido solapamiento con otras Administraciones y se han hecho actividades extrañas". En cualquier caso, considera que eliminarla es difícil porque primero habría que modificar la Constitución.

El presidente saliente, Salvador Pendón, siempre ha defendido con uñas y dientes la necesidad de las diputaciones. "Me niego a estar justificándolas siempre si nadie pregunta por la utilidad de los ayuntamientos y las comunidades", dijo en una entrevista a este diario. "Como gobierno intermedio entre los gobiernos locales y los autonómicos, las diputaciones son absolutamente imprescindibles. Si no existieran habría que inventarlas. Aunque es verdad que habría que adaptarlas a las necesidades del presente y desprenderse de maquinaria burocrática que las lastra", añadió.

Hasta la llegada de Bendodo, el PP solo ha gobernado una vez la Diputación, con Luis Vázquez Alfarache. También tiene las ideas claras y apoya sin ambages el futuro de esta institución. "Suprimir la Diputación sería una auténtica locura porque entre otras cosas romperíamos el equilibrio entre esos pequeños municipios y una fuente de apoyo y asesoramiento en todos los sentidos", afirma tajante Vázquez Alfarache, quien resalta que "la Diputación hoy es más necesaria que nunca" y apunta que "un diputado siempre es una persona mucho más vinculada a su zona que cualquier otro que sea designado de forma caprichosa porque son concejales en sus municipios y tienen esa raigambre".

Bendodo acaba de llegar, pero en su investidura rompió una lanza a favor. "Las diputaciones empezaron a ser cuestionadas desde su misma creación en 1812 y muchos se amparan en la falacia de la inutilidad de estas administraciones mientras evitan trabajar para hacerlas más eficaces. No conozco organización administrativa o institución que haga una mejor aplicación de las economías de escala que las diputaciones provinciales y, después de los ayuntamientos, es la administración más cercana a los ciudadanos", defendió.

¿Debe desaparecer la Diputación? ¿Solo es necesario un cambio de modelo? ¿Es útil? Hay decenas de razones que justifican su existencia o desaparición en función de quien las pronuncie. Mientras tanto, la Diputación y sus 1.500 funcionarios siguen al pie del cañón. Mientras los dejen.