Acepto sin titubeos todos los argumentos que da el Gobierno sobre Bildu: es un partido legal, cuyos estatutos rechazan la violencia como instrumento de lucha política, es infinitamente mejor que participen en la vida democrática y estén en el Congreso a que vuelvan a las andadas, la política de reinserción de terroristas presos es esencialmente correcta, ETA fue derrotada por el Estado democrático que, por tanto, puede permitirse ser generoso con quienes se arrepientan sin merma para su dignidad y la de las víctimas... De acuerdo. Ahora bien, una cosa es aceptar a Bildu como un componente más del juego democrático y convivir con el grupo parlamentario al que tiene derecho y otra convertirlo en socio preferente. Porque no es un partido normal. Es un partido heredero del terrorismo, fundado por terroristas y ex terroristas, con la misma ideología de ETA y cuyo líder es un antiguo etarra que, ciertamente, ha cumplido sus responsabilidades penales por los delitos que cometió. Se llama tener memoria. ¿O la memoria sólo se activa a los crímenes de la guerra civil y la postguerra y no a los de hace diez años?

La postura del PSOE bajo Sánchez ha ido evolucionando. Antes de que los batasunos fueran necesarios para apuntalar el mal llamado bloque progresista, Pedro Sánchez decía esto: “Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere se lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Bildu no tiene un proyecto de país, un proyecto de España”. En diciembre de 2019 se produjo aquel pacto que nunca se iba a producir, anunciado con la famosa fotografía en la que Adriana Lastra y Rafael Simancas posaban con tres dirigentes abertzales poniendo cara de acelga (los dos socialistas, no los otros). Como diciendo: nos hemos visto obligados a hacerlo, contra nuestra voluntad, no nos queda más remedio, es por la gobernabilidad de España. Ahora, en el tercer acto, la foto ha sido otra: la de Pedro Sánchez recibiendo sonriente a los de Bildu e interesándose por si venían de Euskadi o directamente desde Madrid. Bendiciéndolos como socios preferentes de la coalición gobernante para cabreo de sus rivales del PNV.

La política de normalización de la izquierda abertzale es democráticamente correcta. La de su blanqueamiento, no. Si algún grupo se merece en España que se le aplique un cordón sanitario de todos los demócratas, ése es Batasuna. La democracia puede y debe ser generosa con sus enemigos. Hacerla olvidadiza sería suicida.