EL Partido Popular presentará a cinco de sus alcaldes como cabeceras de lista al Parlamento andaluz. Saldrán elegidos, sin duda, y el propósito firme de la cúpula popular es que compatibilicen ambos cargos. Lejanos quedan los tiempos en que Javier Arenas, en aras de la regeneración democrática, enunció uno de esos eslóganes rotundos que, una vez cumplida su función de engatusar a los ciudadanos, es olvidado por quien lo enuncia: un solo cargo público, un solo sueldo.

El PP ya tiene escrito el guión de esta película. El Gobierno presentará pronto un recurso de inconstitucionalidad contra la ley andaluza -cacicada del PSOE cambiando las reglas del juego en el tramo final del partido- que declara incompatibles los cargos de alcalde y diputado autonómico (no afecta a los miembros del Congreso ni a los eurodiputados). El Tribunal Constitucional no va a resolver el recurso antes de las elecciones andaluzas del 25-M, pero al ser el recurrente el propio Ejecutivo eso implica que en cuanto sea admitido a trámite la ley queda automáticamente suspendida.

Antes del pronunciamiento del Constitucional sobre el fondo de la cuestión ya se habrán celebrado los comicios autonómicos y los cinco alcaldes -y algún otro menos relevante- serán elegidos y podrán recoger sus actas gracias a que la norma estará aparcada. Y no tendrán que preocuparse de renunciar a ellas en el futuro si el TC consagrase al final la incompatibilidad, puesto que antes el PP haría uso de su probable mayoría absoluta en el Parlamento regional para abolirla. Fin de la escaramuza.

El desenlace feliz de la historia -para el PP- no despeja, sin embargo, algunas dudas. Si la iniciativa del PSOE andaluz prohibiendo a los alcaldes ser parlamentarios autonómicos fue decididamente partidista y deudora del oportunismo, también la contraofensiva del PP andaluz huele a lo mismo. Defiendo que los alcaldes estén en los parlamentos, pero según para qué. Si es para sestear en el escaño, darle al botoncito de votar lo que les ordene el manijero de su grupo y no presentar ni una iniciativa, suponen un fraude: sólo los ponen en las listas por el tirón electoral que mantienen en sus ciudades, pero en la práctica no hacen vida parlamentaria ni aportan la visión municipal, cercana y callejera de la política. La experiencia sugiere que hay muchos más de éstos que de los contrarios. Son más fuente de votos que líderes dispuestos a enriquecer el funcionamiento de la institución parlamentaria.

Si el PP pensara otra cosa no habría aprobado en Galicia una ley que impide a los alcaldes de aquella comunidad no sólo ser parlamentarios, sino incluso ser candidatos a parlamentarios. Aquí son incompatibles, allí incluso inelegibles. ¿En qué quedamos?