PARA mí, que no soy gaditano, decir Carranza es decir agosto, final del verano, trofeo de los de antes, de cuando el fútbol era fútbol, y los niños que veraneábamos en El Puerto estábamos deseando que nos llevaran al estadio del Cádiz para ver al Sevilla jugar contra el Gremio de Porto Alegre, o contra el Palmeiras, como aquella noche negra en que se apagó la estrella de Enrique Montero. Para nosotros, decir Carranza es decir afición a prueba de desengaños, es decir, fidelidad grande bordada en amarillo y azul. Es decir el puente con sus pescadores lanzando sus cañas a la bahía. Decir Carranza es decir Cádiz, que ya es mucho.

Y si para los de aquí decir Carranza es todo eso, no puedo describir lo que puede suponer para los que viven allí, sienten allí, son de allí. Viene todo esto a cuento de la propuesta que al parecer el nuevo alcalde de Cádiz va a plantear al pleno del Ayuntamiento, de quitar al estadio, de propiedad municipal, el nombre que siempre tuvo, el de Ramón de Carranza, con fundamento en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, en línea con otras decisiones parecidas que por otros gobiernos municipales de la órbita de Podemos se están tomando. Partiendo de la base de la legitimidad para modificar el nombre de las calles y edificios municipales que tiene todo Ayuntamiento, creo que es un error.

Hay veces que los nombres trascienden a la personalidad de los hombres que los llevaban, y pasan a formar parte directamente de la identidad y de la idiosincrasia de la ciudad. Estoy seguro de que, como yo, la mayoría de los gaditanos eran desconocedores no ya de los méritos, sino de quién era propiamente el señor que le da nombre a su estadio, por lo visto un militar derechista, allegado a José María Pemán, alcalde de la ciudad durante muchos años fallecido en 1937. Tan cierto es que puede haber otras personas con más méritos que él para dar nombre al campo de fútbol, como que por el hecho de no ser republicano tenga que ser uno públicamente repudiado por su ciudad.

Hay muchas cosas que cambiar, pero el cambio no sirve si falta al sentido común. Y es que la aplicación de la ley zapaterista, bajo el justo señuelo de reparar las injusticias cometidas en otros tiempos, puede llevar a algunos políticos de nuevo cuño a tomar decisiones igualmente injustas, que nada aportan al bien común para el que se supone fueron elegidos. O sea, un fraude de ley en toda regla.