EL tribunal dio ayer por buenas las cintas de audio grabadas durante la instrucción de la operaciónKarlos. Jesulín de Ubrique y Federico Trillo tienen algo en común, aunque no lo sepan; ambos quieren que se anulen unas escuchas judiciales para que salgan limpias de polvo y paja sus familias políticas en dos procesos distintos. El torero tiene sentadas en el banquillo de los acusados a su madre política y a su propia mujer, por urdir una trampa para que la señora cobrara una invalidez que no le correspondía, y el dirigente del PP tiene a decenas de correligionarios implicados en la operación Gürtel, grabados con sus abogados por orden del juez Garzón.

Jesulín es novato en estas lides y su abogado no ha conseguido anular las escuchas que implicaban a esposa y suegra del torero. Pero Trillo es un experto; ya consiguió hace 20 años que se anularan nada menos que 5.240 llamadas telefónicas entre dirigentes del PP valenciano, en el caso Naseiro. Las cintas y su contenido existen, pero no tienen validez penal. Así, podemos saber cómo se decían que estaban en política para forrarse; cómo discutían por una comisión del 2%, que había que aumentar para poderla repartir; cómo se querían venir a la Expo de Sevilla a pillar algo. En fin, una historia nada edificante.

La operaciónKarlos es pecata minuta en comparación con el caso Naseiro, o el Gürtel, que ha tenido una de sus ramas también en Valencia, qué casualidad. La trama urdida en Ubrique es más propia de las hazañas de Torrente que del glamour de la boda Agag-Aznar de El Escorial, en donde actuó de testigo el padrino Correa. Se trataba de falsificar informes médicos para conseguir pensiones de incapacidad de la Seguridad Social. Los interesados abonaban entre 9.000 y 24.000 euros, para pillar una pensión fraudulenta. La España de Sálvame, que es lo mismo que decir la España de Torrente, tiene argumento y munición para semanas. La realidad supera a los culebrones ampliamente.

Pero en materia de culebrón el PP valenciano supera todo lo conocido. El jueves, Ana Mato sufrió de lo lindo cuando en una conferencia de prensa todas las preguntas versaron sobre las demandas que las huestes de Camps habían puesto contra cuatro televisiones nacionales, TVE, Cuatro, Telecinco y La Sexta, por informar de la lista de imputados en el caso Gürtel que van en sus listas electorales para el 22 de mayo. El presidente valenciano ha conseguido que la televisión autonómica que controla ignore este caso, su partido pretende que se anulen las escuchas, asunto por el que puede ser inhabilitado el juez Garzón, y pretende además que los medios no informen de que una decena de candidatos están implicados en la trama de Correa.

Estos tics autoritarios y tramposos están muy lejos de las exigencias democráticas y más cerca del universo ético y estético de Torrente.