LA Consejería de Educación ha comenzado a informar a los padres de alumnos de colegios e institutos públicos que hacen uso del transporte escolar del coste exacto de este servicio, a través de unas facturas detalladas en las que se especifica la cuantía del gasto público que corresponde a cada una de las familias. Los padres, claro, no tienen que pagar nada, pero así saben cuánto de las arcas autonómicas se invierte para que sus hijos, con nombres y apellidos, puedan subir al autobús. La fórmula es la misma que se aplica en la sanidad pública: si usted acude a un hospital (probablemente dos o tres meses después del primer diagnóstico) a que le practiquen una operación, una vez superados los efectos de la anestesia recibirá una factura informativa similar que dará constancia de cuánto ha costado la intervención. Parece que con ello se quiere concienciar de la importancia de lo público, aunque desconozco si a los señores/as consejeros/as se les pasa una factura del mismo tipo cuando suben a los coches oficiales. Lo bonito sería llevar siempre una nómina encima para que, cada vez que la Junta de Andalucía se dispusiera a informar de lo mucho y lo bien que gastan en sus clientes, uno pudiera replicar: "Pues mire usted, todos los meses la administración descuenta de mi sueldo tal porcentaje, y en dos años he tomado tres sobres de Frenadol mientras mi hija va al colegio cada día a pie". Puestos a informar, conviene hacerlo del todo. ¿O es que no tiene derecho el probo ciudadano, ése al que la Junta parece mimar tanto, a saber cómo y de qué manera pueden desviarse 900.000 euros de los mismos fondos públicos a juergas con cocaína a través de un señor director general y su diligente chófer? ¿Acaso no publican las consejerías sus presupuestos cada año? Entonces, ¿a qué gaitas vienen ahora con las facturitas? Lo que nunca se sabe es lo otro: dónde fallan los mecanismos de control. No importa. Pagaremos los impuestos y todo funcionará, me temo, igual de mal.