LAS declaraciones a un periódico extranjero del ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciando que el Gobierno se propone establecer un control previo de los presupuestos de las comunidades autónomas han provocado una notable polémica. Tanto Cataluña como el País Vasco han considerado fuera de lugar esta presunta medida que atacaría directamente la autonomía de las comunidades, mientras que consejeros de Andalucía y Canarias han mostrado también una oposición matizada, compatible con la apelación a la responsabilidad de todos los gobernantes en el cumplimiento de los objetivos de control del déficit público. Es de destacar que este control ha sido legitimado a nivel constitucional en virtud de la modificación impulsada el pasado verano por PSOE y PP y que el Gobierno de la nación, según doctrina del Tribunal Constitucional, tiene plena capacidad para adoptar medidas limitativas de la autonomía financiera de las comunidades en aras del logro de objetivos de estabilidad comprometidos por el Estado. Otras voces del Gobierno y del PP han matizado las abruptas manifestaciones del ministro, abriendo la posibilidad de pactar un tope de gasto en las autonomías sin que ello suponga la tutela previa de sus presupuestos. El marco adecuado para esta actuación no es otro que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde los representantes de la Administración central y de las administraciones autonómicas deben negociar la fórmula adecuada para el logro de este objetivo. El Ejecutivo haría mal en empecinarse en sacar adelante su propuesta mediante una ley ordinaria en las Cortes Generales que podría ser contemplada por los gobernantes autonómicos como una agresión al autogobierno constitucionalmente consagrado. Al final, habrá que desarrollar el compromiso del déficit que tiene, como decimos, rango constitucional, pero es más integrador y leal hacerlo a través de una negociación entre las partes, negociación que tiene en el Consejo citado el marco institucional más conveniente y justo.