Editorial

Corrupción en Estepona

LOS informes policiales conocidos ahora tras el levantamiento parcial del sumario del llamado caso Astapa reafirman las sospechas de que Estepona pudo sufrir durante el mandato del alcalde socialista Antonio Barrientos una trama de corrupción descarnada. Asusta la impunidad con la que presuntamente se movían concejales, cargos de confianza y algunos técnicos de la Corporación municipal para "chantajear" -en palabras de los investigadores- a los empresarios después de que éstos obtuvieran pingües beneficios en operaciones urbanísticas de reclasificaciones de suelos o incrementos de edificabilidad. Acuerdos que, según la denuncia, pudieron suponer para las arcas de la Corporación pérdidas de casi 50 millones de euros. Y causa más asombro porque algunos de los presuntos delitos se cometieron tras estallar el escándalo del caso Malaya, en la vecina Marbella. Es más, uno de los imputados, Rafael Duarte, fue incluso miembro de la gestora. Pese a la crudeza de las evidencias, con supuestos enriquecimientos personales y familiares de los implicados, financiación ilegal de los partidos en el gobierno esteponero, tráfico de influencias, contrataciones irregulares, enchufismo a mansalva, cuentas en paraísos fiscales y un desprecio a la ciudadanía y la legalidad en general, la prudencia debe imperar y no aceptar como irrefutables meros indicios hasta ahora verosímiles. Más aún cuando la red pudo servirse de transacciones en metálico, lo que complicará más las pesquisas de los investigadores para probar los hipotéticos delitos. Tras leer las escuchas telefónicas sí es posible descartar que el regidor y su núcleo de confianza sólo pretendieran obtener ingresos para mejorar las infraestructuras y organizar eventos de calidad que dieran un salto de notoriedad a la ciudad. También hay que aguardar a que concluya la instrucción judicial, pero con lo conocido hasta ahora se mantienen muchos interrogantes sobre el papel que jugó o no quiso jugar el PSOE en este municipio y, de nuevo, hay demasiadas evidencias de la escasa eficacia de los controles urbanísticos.

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