CON este artículo quiero exponer la situación que están atravesando las diferentes administraciones públicas, empresas públicas del ámbito local y nuestra opinión como sindicato sobre las actuaciones que están adoptando los diferentes públicos para salir de la crisis.

La situación actual del empleo en los ayuntamientos es preocupante y difícil de afrontar sin un consenso político y social. Conocemos sobradamente cuál es el problema, su génesis, sus secuelas y consecuencias, pero no tenemos ninguna solución. El gobierno de un municipio necesita de mucha generosidad, capacidad de gestión, conciencia política y un sentido del servicio público muy elevado. Es la administración más cercana al ciudadano, la puerta a la que llamamos en el pueblo cuando tenemos un problema y de la que esperamos una solución. Es la que mejor conoce las necesidades de sus usuarios y la que debe gestionar por ejemplo una Ley de Dependencia sin dotación económica.

Pero no ha sido siempre la pulcritud la que ha gobernado en nuestras ciudades y pueblos, gobernantes de todos los partidos han sido o son imputados por malversar, prevaricar y aprovecharse de la situación en la que sus vecinos los pusieron pensando que eran la mejor opción. En otros casos, la quiebra de las arcas municipales se debe al acelerado crecimiento de los pueblos y las ciudades y la incapacidad de afrontar con previsión esta situación.

Con la construcción en su mejor momento, los ingresos se multiplicaron así como la carga de trabajo. Todas las manos eran pocas y se necesitaba más personal. Los ayuntamientos se encontraban con las leyes estatales. Unas, empeñadas en el déficit cero, imponían tasas de reposición de efectivos. Con este freno las plantillas de personal no podían aumentar, tan sólo para determinados colectivos de seguridad o de trabajo social. En otros casos, la poca flexibilidad y agilidad para la creación de empleo público encorsetaba aún más la situación.

En este escenario, las plantillas crecieron de forma desordenada, sin previsión.

Llega la crisis, los ingresos previstos en los presupuestos municipales son irreales y menores a los gastos necesarios, pero las personas que trabajan en los consistorios sí son reales, tienen familias, hipotecas y cargas que deben afrontar.

Si para sanear la situación económica se elige vender el agua, o privatizar los servicios sociales, ¿dónde queda el servicio público? Nadie se cree ya que lo privado es lo mejor, se está deteriorando el servicio público en favor de una gestión privada que sólo tiene un objetivo: el beneficio económico por encima del bien público, y esto siempre se consigue reduciendo gastos que significan pérdida de calidad, explotación laboral, temporalidad, peores medios y un largo etcétera que siempre perjudicará al ciudadano.

Este es el caso de Acosol, empresa pública de gestión del agua en la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental. El municipio de Manilva optó por una empresa privada para que administrara el agua, en ese concurso Acosol optaba también, pero se vio relegada. ¿Por qué? Ahora es en Mijas donde está jugando la partida que parece que ganará también una empresa constructora que debe presentar beneficios cada año, que nos sube los recibos del agua y deja las instalaciones anticuadas y sin mejorar, ni modernizar.

El debate de las Leyes de Empleo Público Andaluz, Hacienda Locales y de Autonomía Local que se está llevando a cabo en el Parlamento Andaluz llega en el momento adecuado. Es ahora cuando los ayuntamientos plantean EREs porque no pueden soportar deudas de centenas de millones de euros, cuando existen docenas de casos de corrupción en los juzgados de Andalucía, y los mayores en Málaga. Ahora es el momento de buscar soluciones que saquen a los municipios de estas situaciones y es el momento de afrontar un pacto entre los partidos políticos y los sindicatos para poner orden en el futuro y consensuar un modelo. No son los trabajadores los causantes de esta situación, la mala gestión tiene unos responsables que no quieren afrontar esta circunstancia, y esos responsables pertenecen a unos partidos que deben tomar las riendas y no admitir determinadas prácticas en sus filas.

Ante este panorama y esta situación ¿qué hacemos? Podemos gestionar la situación como si de una empresa privada se tratase: despidos, cierres, venta de los activos. O por el contrario, consideramos que es un problema de todos y entre todos ponemos medios, buscamos herramientas para construir un modelo firme y equilibrado en el empleo público que evite que en el futuro se repita esta situación. Si el sistema financiero tuvo respuesta a sus plegarias, la administración local ¿por qué no?