HUBO un tiempo en que los gobiernos de derecha empezaron a poblar los ayuntamientos de las principales ciudades de España. En esos primeros años de gestión, muchos evidenciaban un ancestral complejo en sus relaciones con los sindicatos, de izquierda. Temían que una sucesión de conflictos laborales convirtieran en transitoria su estancia en el poder. El ciudadano detesta las huelgas en la limpieza o los autobuses y suele ponerse del lado del más débil, que en aquella época no había dudas.

"Ha sido una negociación muy fácil, nos han dado más de lo que pedíamos", recuerdo que una vez me dijo un dirigente sindical sobre la negociación con el concejal de Personal de un consistorio malagueño, que así se aseguró la paz social durante todo el mandato y prácticamente salió a hombros entre sus compañeros del PP.

Si el Ejecutivo central imponía congelación de salarios por la penúltima crisis, los ayuntamientos encargaban una nueva valoración de los puestos de trabajo y sorteaban las restricciones. O estimulaban las compensaciones: cobertura para acudir al dentista, ayudas para comprar gafas o hasta para implantarse un dispositivo intrauterino. Guarderías, comedor y pluses de productividad que incluían desde la puntualidad a los premios por acudir al trabajo, como métodos para combatir el índice de absentismo. O la reducción de la jornada laboral. Una ecuación sencilla, menos horas en la oficina pero con el mismo servicio, se necesitan más funcionarios y por tanto se crea empleo. El concepto de la productividad.

Fórmulas que se implementaron en toda la administración local, sin distinción de colores. A veces resultaba escandaloso comparar sueldos de algunos ayuntamientos con los que percibían funcionarios de similar escala en otras administraciones. Pero ahora este cuento se ha acabado. ¿O no?