LA rabia y el dolor de las víctimas y sus familiares y la indignación y el malestar de millones de españoles han acompañado la excarcelación, el pasado jueves, de catorce terroristas (trece de ETA y una del Grapo), cuatro asesinos múltiples y dos violadores en serie. Fue la misma reacción que cuando salieron los primeros etarras a raíz de la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que derogaba la llamada Doctrina Parot, implantada por el Tribunal Supremo, en virtud de la cual los condenados por delitos de singular gravedad y alarma social no deben recibir los beneficios penitenciarios sobre el máximo de la pena vigente, sino sobre cada unos de los castigos impuestos por los tribunales. La consecuencia fue que los grandes delincuentes vieron prolongada su estancia en prisión. No obstante, el Tribunal de Estrasburgo, en respuesta al recurso presentado por una etarra, estimó, de acuerdo con el convenio europeo de derechos humanos que obliga a España como Estado adherido al mismo, que no se puede privar de beneficios penitenciarios a los reos condenados en aplicación de un código penal que los recoge, aunque posteriormente haya sido modificado. Es una traslación del principio de no retroactividad de las leyes. En realidad, la Doctrina Parot intentaba enmendar, inadecuadamente, la dejación de los gobiernos y parlamentos que no hicieron nada por revisar el código penal hasta 1995. La consecuencia nefasta de esta inhibición es la puesta en libertad de criminales particularmente sanguinarios que en número de varias docenas volverán a la calle sin haberse arrepentido de sus actos repugnantes. Aunque los terroristas no es previsible que vuelvan a la violencia tras la derrota de ETA, la liberación de los violadores y asesinos múltiples, de cuya reinserción cabe dudar con total seriedad, constituyen un elemento más de ira, temor y preocupación que se añade al dolor de las familias de sus víctimas y de toda la sociedad bien nacida.