Ante las recriminaciones de relevantes miembros del PSOE, doña María Jesús Montero, miembro de la Ejecutiva Federal, se ha manifestado en dos aspectos de singular importancia. Uno primero, recordando que “lo importante” es que todo el partido está con su secretario general, don Pedro Sánchez. Otro segundo, no menos llamativo, es que el partido socialista se siente llamado por las urnas a articular una “mayoría de progreso”. De esta última afirmación se infiere necesariamente que los críticos del PSOE ya no son progresistas, en tanto que entorpecen o se declaran contrarios a su consecución. Pero también se infiere cierta idea de progresismo que acaso no sea progresista en absoluto. Veamos.

Si no recuerdo mal, mientras los hoy retardarios críticos del PSOE se dedicaban a urdir la trama democrática que aún nos sustenta –trama que se tejió conjuntamente por una pluralidad de partidos, en condiciones muy difíciles–; si no recuerdo mal, repito, mientras aquello ocurría, los socios de progreso del actual Gobierno se dedicaban, probablemente, a otras cosas. Don Arnaldo Otegi, hombre de paz, se dedicaba a sus labores de entonces: secuestrar a enemigos del pueblo vasco (hablo sólo de los hechos probados y condenados) con el benemérito fin de impedir por las armas el triunfo de la democracia en España. En cuanto al señor Puigdemont, golpista de progreso, no sabemos si ya pertenecía a la ultraderecha xenófoba en la que hoy milita, pero sí que sus labores periodísticas de entonces no fueron decisivas para la consolidación democrática que, tiempo después, en 2017, trató de disolver mediante un breve y ridículo pronunciamiento. Don Pedro Sánchez ya indultó al resto de los protagonistas de aquel putsch contra la democracia española (con la propina de una rebaja de las penas por corrupción), de modo que las exigencias de don Carles son perfectamente comprensibles. No lo es tanto su consideración de “mayoría progresista” en la que el actual Gobierno lo incardina, ignoramos bajo qué misteriosos criterios.

En buena medida, lo que el señor Sánchez propone, a mayor gloria del señor Puigdemont, es un harakiri de las Cortes, similar a aquel que propició don Torcuato Fernández Miranda a finales del año 76, pero en sentido contrario. No se trata de abrir paso a la democracia entre la fronda legislativa del veterofranquismo. Se trata, de muy distinto modo, de condenar a un Estado democrático, mostrándolo como autoritario y culpable, en beneficio de un golpista cuyo voto se quiere comprar en funesta y carísima almoneda.