El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido la urgente necesidad de aprobar eso que todavía no se puede nombrar –la amnistía– presentándola como un acto de generosidad del Estado democrático con quienes han resultado sus peores enemigos en la práctica (en 2017). Para cerrar viejas heridas y abrir una etapa mejor, en la que los españoles seremos más felices, como nos ha prometido Yolanda Díaz.

Esta ansia por el borrón y cuenta nueva no ha surgido en el Gobierno hasta la noche del 23 de julio, cuando se conocieron los resultados electorales y la continuidad de Sánchez y Díaz pasó a depender de los siete escaños, siete, de los ahora amnistiables. Desde entonces la amnistía innombrable es una necesidad y una urgencia. Hasta entonces había sido perfectamente nombrable: para declararla inconstitucional e imposible. Durante toda una legislatura. Era línea roja.

“Estamos negociando”, ha remachado Pedro Sánchez en Granada. ¡Qué novedad! Ahora bien, cualquiera puede ver que la generosidad procede de una sola de las partes. Hay un bando que exige y exige, pone condiciones y las eleva conforme se van cumpliendo, y otro que cede y cede, acepta todo lo que ayer rechazaba y atiende solícito las constantes demandas que recibe. Sabiendo el peligro que corre. Arriesgándose por empatía con el que sufre en el exilio y por España, como ha dicho también Yolanda, cada día más cursi.

Fíjense bien. Desde que se iniciaron las discretas negociaciones el Gobierno ya ha asumido el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso –siempre negadas por el PSOE– y promovido el imposible de su uso en la Unión Europea, ha regalado grupo parlamentario a los independentistas que no tenían derecho a ello según reglamento, ha mandado a su vicepresidenta a lisonjear a un prófugo de la Justicia, ha normalizado la pirueta intelectual y política de incluir en el bloque progresista que va a gobernar España a la derecha nacionalista xenófoba que lo único que quiere de España es poder salirse de ella, y está claramente predispuesto a asumir la lectura de la Historia que hace el fugitivo. Con todos sus avíos: no fueron los secesionistas los que agredieron a la Constitución, sino el Estado que los reprimió; el Poder Legislativo se dispone a enmendar la plana al Poder Judicial que los condenó y los políticos no han de someterse a la ley como los ciudadanos corrientes.

¿Y qué ofrecen los otros? Los siete votos. No se negocia otra cosa más que su precio.