LA Conferencia Episcopal ha hecho pública una nota con orientaciones para los fieles católicos ante la cita electoral del 9 de marzo. Previamente se habían pronunciado en la misma dirección los obispos de Andalucía, en este caso en relación con las elecciones autonómicas, que se celebran el mismo día que las generales. En uno y otro caso no hay nada que objetar al principio del posicionamiento público de la jerarquía católica. Al igual que otros colectivos e instituciones, la Iglesia tiene el derecho, en ejercicio de la libertad de expresión que a todos reconoce la Constitución, y el deber pastoral de orientar a sus fieles y tratar de que sus actos públicos se atengan a la doctrina católica. Con respecto al contenido del comunicado, mientras se reiteran sin sorpresa alguna las posiciones ya conocidas acerca del divorcio, la familia o el matrimonio homosexual, se ha producido una importante novedad que no ha dejado de causar polémica: el pronunciamiento expreso para que los católicos no otorguen su voto a opciones políticas que hayan negociado con organizaciones terroristas. Aunque se desprende de la nota, y de la historia reciente de las relaciones Iglesia-Gobierno, que la deslegitimación va dirigida al Ejecutivo de Zapatero (de hecho, el Partido Socialista se ha dado por aludido, posiblemente también por su propio interés electoral), no es posible eludir el hecho de que intentos de negociación con la banda terrorista ETA se han producido durante toda la trayectoria democrática de nuestro país y, específicamente, durante los mandatos de González (PSOE) y Aznar (PP). Fracasaron por la cerrazón terrorista y porque los dos se negaron a ceder al chantaje de ETA. Como ha ocurrido en la etapa de Zapatero. Durante el intento de Aznar, la propia Iglesia católica realizó un estimable esfuerzo de mediación, como, por otra parte, ha hecho en numerosos conflictos con terroristas por medio. Esta actitud contrasta con el posicionamiento de ahora, que muchos católicos difícilmente acatarán.

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