La resolución por la vía rápida de la cuestión extremeña, tras la salida de tono de la candidata Guardiola rectificada a regañadientes para asegurar un poder que los ciudadanos no le habían otorgado (al menos, en el sentido de la doctrina Feijóo de la lista más votada) han puesto en el disparadero a la futura presidenta y a la política de pactos del Partido Popular, dejando a la otra parte del acuerdo en un segundo plano, cuando a mí me da la impresión, y la tendencia de los sondeos que se van publicando parece ir en esa línea, que son estos los más perjudicados.

El que la lleva la entiende y puedo comprender el temor a aparecer como los responsables de unas segundas elecciones (que en Extremadura serían en realidad las terceras tras las generales de julio) tan seguidas, pero después de la primera intervención de la candidata a presidenta renegando de cualquier pacto con Vox, llegando incluso al insulto, resulta cuanto menos sorprendente tan rápido entendimiento, con una consejería de segundo rango (gestión forestal y mundo rural) como única contraprestación. Cierto es que el ocho por ciento de los votos tampoco es un resultado tan extraordinario como para encarar la negociación en igualdad de condiciones, pero cuando lo más bonito que te llaman en la misma cara es machista y xenófobo, uno se vende un poco más caro, más cuando se tiene la llave de la investidura.

Se viene cuidando la gente de Vox, y hacen bien, de no caer en los mismos errores de otros, cuyos buenos resultados coyunturales no le dejaron ver la realidad, sintiéndose capacitados en su osadía de pasar por encima de los respectivos partidos de referencia. Le pasó a Pablo Iglesias en diciembre de 2015, y a Albert Rivera en abril de 2019, y ambos están hoy fuera de la política. No parece que Santiago Abascal y los suyos, pese a su aparente vehemencia, vayan a jugar ese papel, y sus últimos movimientos lo presentan más como una opción de apoyo y control que propia de gobierno.

El problema de estos pactos desiguales, y la experiencia así lo demuestra, es el riesgo a ser abrazado por el partido (oso) grande, verdaderos depositarios del poder y mucho más protegidos por nuestra particular ley electoral. Puede ser muy interesante tocar poder en Valencia, Extremadura o donde sea, siempre que la marca no sea apreciada por los electores como una mera muleta para el gobierno de turno, cuando no una spin off del PP con fecha de caducidad.