EL problema de las reformas laborales es que son tantas y tan seguidas que bastante nos queda con explicar con urgencia lo que suponen antes de la próxima, sin poder pararnos a reflexionar con un mínimo de cuidado sobre lo que está pasando. Y lo que está pasando es que estamos reconstruyendo nuestro Derecho del Trabajo, pero sin renunciar a algunos aspectos que consideramos esenciales. Por esto el último Real Decreto aprobado es reforma, y no revolución. Lo que ocurre es que tenemos que evaluar en el largo plazo, y es la suma de múltiples cambios parciales y sucesivos lo que está teniendo como efecto un verdadero cambio de paradigma en la regulación laboral. Vender las últimas medidas como revolucionarias es quizá desproporcionado; decir que son inútiles o irrelevantes, sin duda, falso.

Somos propensos a pensar que cuando una solución no satisface a nadie es porque es buena; lo que no deja de ser una tontería, porque también los errores de bulto son mal recibidos por todos. De la misma manera, tenemos mitificadas las soluciones salomónicas cuando la realidad es que, desde la primera, la del monarca que le dio nombre, ninguna ha sido buena. Los últimos cambios normativos en España debían ser, de acuerdo con esto, estupendos: todos los criticaban, y el Gobierno pretendía dar un poco a cada uno, sindicatos y patronal. El ultimísimo, el Real Decreto-Ley 3/2012, debe ser malo: ha gustado a unos mucho y a otros no, y ciertamente se ha centrado en las aspiraciones de la parte empresarial. Su principal novedad es ésta, su carácter marcadamente proempresarial, sin complejos ni tapujos; amparándose en el objetivo del empleo, se adopta así un determinado enfoque.

En realidad el nuevo Real Decreto sigue la línea ya fijada por los anteriores. Los objetivos son los mismos, y el diagnóstico de los problemas, común. Nos encontramos, por ello, dentro de la misma "reforma", la de 2010-2012, formada por una sucesión de normas parciales que han terminado por tocar la práctica totalidad de nuestra legislación laboral.

La reforma tiene algo de "normalización" con Europa, de abandonar algunas peculiaridades que nos distinguían de nuestros socios, y no precisamente por ser mejores. Se ha acabado con la anormalidad de las empresas de trabajo temporal, sometidas a un régimen muy rígido que incluía una obligación de actividad exclusiva que hoy se ha derogado. También nos distinguía un contrato a tiempo parcial con una regulación sin sentido, que hacía de éste una forma de empleo más rígida que la ordinaria. La autorización administrativa en los ERE era ya también una anomalía. Todo esto ha cambiado, no siempre a mejor. Se acierta con las ETT y se yerra, a mi juicio, con el tiempo parcial. La ordenación jurídica del teletrabajo, finalmente, también nos coloca en la línea de lo que se hace en Europa.

Puede pensarse que el abaratamiento del despido nos normaliza también con Europa, en donde destacábamos por los altos costes de éste. Debemos relativizar esto. Lo anormal no era la regulación, sino la práctica del despido: que éste se hiciera sistemáticamente por la forma más cara, en lugar de las previstas por la ley para el ajuste empresarial. Las nuevas reglas pretenden, pues, cambiar esta dinámica y que cada extinción contractual vaya por la vía que le corresponde. La referencia de los 45 días sigue existiendo, y sigue siendo desproporcionada con lo que ocurre en Europa; pero está en retroceso y pronto será un recuerdo. Las de 33 y 20 días nos alinean más con nuestros socios; ya estaban antes, sin embargo, y lo que se propone es que se conviertan en la regla para nuestras empresas. Más relevante me parecen las reglas para facilitar el despido en el entorno de las administraciones públicas, que nos indican por dónde puede ir el futuro. De lo uno y lo otro la conclusión es clara: a corto plazo habrá más despidos. El despido ha centrado, una vez más, una reforma laboral.

Uno de los núcleos de la medida se dirige a alterar la dinámica de la negociación colectiva. Se da un paso más en la dirección de unos convenios flexibles, adaptables, modificables sobre la marcha; alejándonos progresivamente del modelo paralegislativo que siempre hemos tenido, y al que nos hemos acostumbrado. El anterior Gobierno empezó a circular por esta vía que ahora se profundiza. Son cambios importantes, que habrá que aprender a gestionar; todos tendrán que negociar, a todos los niveles y en cualquier momento. Creo que hace falta algo más, un verdadero plan de choque tripartito que se plantee como objetivo final, a lograr en varios años, una modificación del mapa de negociación español y del contenido de los convenios, para adecuarlo a la nueva realidad social, política y económica del país. Sin otra negociación no habrá verdadera reforma laboral en España; porque es en los convenios donde se ordenan las relaciones laborales en las empresas.